El uso de un salón de belleza al interior del Senado de la República desató críticas luego de que se diera a conocer que legisladoras de Morena, PT y PVEM acudían a una estética ubicada en el segundo piso del recinto legislativo. La oposición se deslindó del espacio y exigió explicaciones sobre su operación y posible financiamiento con recursos públicos.
Las senadoras Carolina Viggiano, del PRI, y Lilly Téllez, del PAN, aseguraron que ninguna integrante de sus bancadas utilizó ni fue invitada a dicho salón. Viggiano afirmó que desconocían por completo la existencia del lugar, mientras que Téllez envió una carta a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, para pedir información detallada sobre quién autorizó la instalación, cómo se contrataban los servicios y si hubo gasto público involucrado.
Entre los cuestionamientos planteados se encuentra si el espacio fue licitado, si se pagan rentas, cómo se adquirieron insumos como tintes, maquillaje y mobiliario, y si alguno de estos gastos salió del presupuesto del Senado. También se pidió aclarar la relación con proveedores señalados como presuntos vendedores de productos sin domicilio fiscal verificable.
Tras la polémica, personal del Senado colocó sellos en la puerta del salón; sin embargo, estos fueron retirados un día después. Aunque el espacio permanece cerrado y bajo llave, no se ha informado si volverá a operar durante las próximas sesiones.
La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, defendió el servicio al señalar que no se trata de un privilegio y que existen espacios similares en otros órganos legislativos. No obstante, recordó que el salón había sido cerrado en 2018 bajo el argumento de austeridad, lo que ha reavivado el debate sobre el uso de instalaciones del Senado para fines ajenos a la labor legislativa.
