El gobierno mexicano ha extraditado a 29 individuos a Estados Unidos, todos ellos vinculados con actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico. Entre los extraditados se encuentran figuras prominentes como Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como «Z-40», y su hermano Óscar Omar Treviño Morales, alias «Z-42», antiguos líderes del cártel de Los Zetas. Además, Rafael Caro Quintero, cofundador del Cártel de Guadalajara y condenado por el asesinato del agente de la DEA Enrique «Kiki» Camarena en 1985, también fue entregado a las autoridades estadounidenses.
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana coordinaron estas extradiciones, trasladando a los detenidos desde diversos centros penitenciarios del país. Las autoridades mexicanas enfatizaron que el proceso se llevó a cabo siguiendo estrictos protocolos institucionales y respetando los derechos humanos de los implicados, en cumplimiento con la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Estas acciones responden a la creciente presión por parte del gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, quien ha manifestado su intención de imponer aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas si no se intensifican los esfuerzos para combatir el tráfico de drogas, especialmente de fentanilo, y la migración ilegal hacia territorio estadounidense.
La extradición de los hermanos Treviño Morales ha generado advertencias sobre posibles represalias violentas en regiones como Nuevo Laredo y otras áreas del estado de Tamaulipas, de donde son originarios. Las autoridades locales han instado a la población a extremar precauciones al visitar estas zonas, debido a la posible inestabilidad derivada de estos movimientos.
Por su parte, el abogado defensor de los Treviño Morales, Juan Manuel Delgado, ha cuestionado la legalidad del proceso, argumentando que se trató de un «destierro» o «expulsión» más que de una extradición formal, ya que los procedimientos legales correspondientes aún estaban en curso.
Estas extradiciones representan un paso significativo en la colaboración entre México y Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, reflejando un esfuerzo conjunto para enfrentar desafíos compartidos en materia de seguridad y justicia.
