La iniciativa surge en un contexto de tensiones con Estados Unidos, luego de que el gobierno estadounidense designara unilateralmente a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, una medida que México considera una intromisión en su autonomía y una amenaza a su estabilidad interna.
Protección de la soberanía nacional
Sheinbaum subrayó que la propuesta busca blindar la independencia del país mediante modificaciones al artículo 40 de la Constitución. Dichos cambios pretenden reforzar el principio de soberanía nacional, estableciendo de manera explícita la prohibición de cualquier tipo de intervención extranjera sin autorización expresa del Estado mexicano.
La mandataria mexicana enfatizó que la cooperación internacional debe darse en un marco de respeto mutuo y sin vulnerar la soberanía de la nación. En este sentido, recalcó que México no permitirá que gobiernos extranjeros tomen acciones unilaterales dentro de su territorio, en especial aquellas que pudieran implicar operaciones de seguridad sin la debida coordinación con las autoridades nacionales.
Endurecimiento de sanciones
Además de las modificaciones constitucionales, la propuesta incluye sanciones más severas para quienes lleven a cabo actividades de investigación, persecución o inteligencia dentro del país sin la autorización del Estado. Esto aplicaría tanto a agentes de gobiernos extranjeros como a organizaciones privadas que busquen intervenir en asuntos de seguridad o justicia en México.
Asimismo, la reforma plantea la aplicación de prisión preventiva oficiosa para aquellos individuos que participen en estas prácticas ilegales, asegurando que los responsables enfrenten consecuencias inmediatas.
Contexto de la iniciativa
Esta iniciativa se da en respuesta a recientes acciones y declaraciones por parte de Estados Unidos y Canadá, que han elevado la presión sobre México en el combate al narcotráfico y la violencia ligada al crimen organizado. La decisión de Washington de catalogar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas ha generado preocupación en el gobierno de Sheinbaum, pues esto podría abrir la puerta a intervenciones militares o sanciones económicas.
México ha reiterado que el combate contra la delincuencia organizada es un asunto de seguridad nacional que compete exclusivamente al Estado mexicano. La presidenta Sheinbaum ha dejado en claro que su administración está comprometida con el fortalecimiento de las instituciones nacionales para enfrentar este desafío sin depender de injerencias externas.
Reacciones y próximos pasos
El anuncio ha generado diversas reacciones tanto en el ámbito político como en la comunidad internacional. Mientras algunos sectores dentro de México respaldan la iniciativa como un paso necesario para la defensa de la soberanía, otros advierten que la medida podría tensar aún más las relaciones con Estados Unidos y sus aliados.
El proyecto de reforma será analizado en el Congreso de la Unión, donde se espera un intenso debate entre las distintas fuerzas políticas. En caso de ser aprobado, representaría un importante cambio en la legislación mexicana en materia de seguridad y relaciones internacionales.
La administración de Sheinbaum ha reiterado que está abierta al diálogo con los gobiernos de otros países, pero siempre bajo los principios de respeto y cooperación. Con esta reforma, busca establecer un marco legal más sólido para garantizar que la seguridad nacional siga siendo una competencia exclusiva del Estado mexicano.
