La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó categóricamente las acusaciones de expropiación de los terrenos de Vulcan Materials en Quintana Roo, aclarando que el conflicto que involucra a la empresa no se trata de un acto de expropiación, sino de un cambio de uso de suelo que convierte la zona en un área natural protegida, impidiendo la explotación de materiales. Esta aclaración se dio luego de que un grupo de senadores de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, enviara una carta a la Casa Blanca donde alegaban que las acciones del gobierno mexicano en el mandato de Andrés Manuel López Obrador habían sido una expropiación ilegal.
Sheinbaum explicó que, bajo la administración de López Obrador, se informó a Vulcan Materials sobre el cambio de uso de suelo en la región, en la cual la empresa, que anteriormente estaba explotando los recursos naturales, continuó con su actividad a pesar de la notificación. Fue entonces cuando el presidente López Obrador decidió que la zona fuera protegida como un área natural, lo que implica que no se puede llevar a cabo la explotación de los materiales de manera legal.
“Lo que se hizo fue un cambio en la normativa para preservar la biodiversidad y proteger la región. No es una expropiación, es una regulación. Es un área natural protegida, y esto significa que no se permite la explotación de esos recursos naturales”, explicó Sheinbaum en una conferencia de prensa.
La mandataria mexicana también indicó que, para evitar cualquier malentendido, su gobierno enviará una carta aclaratoria tanto a los congresistas estadounidenses como al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Aclaró que el objetivo es rectificar la información que ha circulado erróneamente sobre el caso, asegurando que el gobierno mexicano está dispuesto a resolver el asunto de manera pacífica y mediante el diálogo con la empresa Vulcan Materials.
Sheinbaum, además, indicó que la Secretaría de Medio Ambiente, encabezada por Alicia Bárcena, continuará con las negociaciones con Vulcan Materials para buscar una solución que permita evitar un enfrentamiento legal. Destacó que la prioridad es llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, sin necesidad de recurrir a los tribunales, aunque dejó claro que, si no es posible llegar a un consenso, el conflicto será resuelto en los juzgados.
El caso de Vulcan Materials ha sido objeto de controversia en los últimos meses, debido a las implicaciones legales y ambientales que ha generado el cambio de uso de suelo en una región considerada clave para el ecosistema de la Riviera Maya. La empresa, que durante años explotó recursos en la zona para abastecer de materiales a diversos proyectos en la región, se ha visto afectada por la nueva regulación, lo que ha llevado a sus representantes a emprender acciones legales contra el gobierno mexicano.
En un giro adicional, la misiva enviada por los congresistas estadounidenses también incluyó acusaciones sobre el supuesto financiamiento chino del Tren Maya, un proyecto emblemático del gobierno de López Obrador. Los legisladores afirmaron que algunas de las inversiones destinadas al megaproyecto provenían de fuentes chinas. Ante estas afirmaciones, Sheinbaum rechazó rotundamente dicha información, aclarando que todos los recursos para la construcción del Tren Maya provienen de fondos públicos mexicanos, sin ningún tipo de participación de capital extranjero.
“El Tren Maya se financia con recursos públicos, que son los que provienen de los impuestos que los ciudadanos mexicanos pagan. No hay financiamiento de ninguna fuente extranjera, ni de China ni de ningún otro país. Los informes públicos y la cuenta pública lo demuestran claramente”, afirmó la presidenta.
Este intercambio de cartas y las aclaraciones de Sheinbaum se dan en un momento en que las relaciones entre México y Estados Unidos están bajo el escrutinio internacional debido a temas comerciales y ambientales, y muestran la compleja dinámica de las negociaciones entre ambos países sobre cuestiones clave como la protección del medio ambiente, el desarrollo de infraestructura y los intereses comerciales bilaterales.
