Este martes, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma al Código Penal Federal que endurece considerablemente las sanciones para quienes cometan delitos en contra de áreas naturales protegidas. La iniciativa, que contó con 452 votos a favor tras ser avalada previamente por la Comisión de Justicia, modifica el artículo 418, elevando la pena de seis años a 20 años de prisión fija y estableciendo una multa de hasta 10 mil días de salario diario —equivalente a poco más de 1.1 millones de pesos— para quien realice ocupación, invasión, cambio de uso de suelo, extracción o destrucción de ecosistemas protegidos.
El dictamen también prevé sanciones agravadas cuando estos delitos se cometan con violencia o mediante el uso de armas de fuego: en esos casos la pena podrá aumentar hasta 15 años adicionales y la multa incrementarse hasta 8 mil días, es decir cerca de 905 mil pesos. Además, se reformó el artículo 420-quarter para sancionar con prisión de 1 a 4 años y multas de hasta 339 mil pesos a quienes generen, usen o difundan información falsa o simulada relativa a gestión ambiental, como certificados, permisos o reconocimientos, con la intención de defraudar normas ambientales.
Desde tribuna, los impulsores de la reforma explicaron que el endurecimiento responde a una crisis ambiental: incendios provocados para cambio de uso de suelo, descargas clandestinas en cuerpos de agua, deforestación acelerada, tala ilegal, tráfico de especies protegidas, y la amenaza a ecosistemas críticos y fauna en peligro, como la vaquita marina y la totoaba. Los diputados coincidieron en que estas reformas envían un mensaje claro: dañar al medio ambiente ya no será un delito de mínima repercusión, sino una conducta grave que puede acarrear penas severas.
Con estos cambios, México da un paso firme hacia la protección de sus ecosistemas y la conservación de su patrimonio natural, estableciendo una sanción ejemplar para desalentar la destrucción de bosques, selvas, manglares, humedales y otras zonas vitales para la biodiversidad.
