A un mes del descarrilamiento del Tren Interoceánico que dejó 14 personas fallecidas, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el inicio del proceso de reparación del daño para las víctimas y sus familias, aunque evitó hacer públicos los montos que se contemplan para este apoyo.
Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria explicó que la definición de las compensaciones corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR), la cual analiza cada caso de manera individual. Subrayó que los recursos no se hacen públicos por razones de protección a las personas afectadas y aclaró que la reparación no es automática ni obligatoria, ya que cada víctima o familiar deberá aceptar los términos o, en su caso, continuar por la vía legal.
Sheinbaum señaló que el proceso formal de atención comenzará a partir de la próxima semana y que, de manera paralela, se mantiene abierta la investigación técnica y jurídica sobre las causas del accidente ocurrido el pasado 28 de diciembre. Indicó que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario realiza una evaluación sobre la operación del tren y que la información recabada ha sido compartida con la FGR.
Respecto a la hipótesis de exceso de velocidad —señalada previamente por la Fiscalía como causa del siniestro—, la presidenta sostuvo que aún deben esclarecerse las razones por las cuales no se activaron los controles correspondientes. No obstante, se limitó a destacar la experiencia de los maquinistas que operan este tipo de convoyes, sin referirse directamente a la detención del conductor involucrado en el accidente.
En el plano de atención a víctimas, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, informó que se conformará un grupo interinstitucional para acompañar a los afectados durante el proceso. Este equipo estará integrado por asesores jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, personal de la FGR y representantes del mecanismo de solución de controversias de la Secretaría de Gobernación.
El anuncio marca el primer paso formal del gobierno federal para atender las consecuencias del accidente, en medio de cuestionamientos sobre la seguridad ferroviaria y la transparencia en la rendición de cuentas.
