La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha solicitado formalmente al gobierno de Estados Unidos la extradición de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, en respuesta a una petición de la Fiscalía General de la República (FGR). El objetivo es que García Luna sea juzgado en México por su presunta participación en el operativo ‘Rápido y Furioso’, implementado durante el mandato del expresidente Felipe Calderón.
Además de la solicitud relacionada con el operativo, la SRE ha presentado otras peticiones de extradición vinculadas a contratos con presuntos sobreprecios en la construcción de penales federales, también bajo la administración de Calderón, según información de Multimedios obtenida tras consultar un balance oficial actualizado del proceso contra García Luna, detenido en Estados Unidos a finales de 2019.
Las solicitudes de extradición fueron enviadas en octubre de 2023 y actualmente están siendo revisadas por las autoridades estadounidenses. Sin embargo, la FGR no ha solicitado la extradición de García Luna por otros delitos, como delincuencia organizada, peculado y lavado de dinero por más de 5 mil millones de pesos, ni ha pedido la extradición de otros implicados en estos crímenes, incluyendo a la esposa de García Luna.
México ya había enviado solicitudes de extradición entre 2020 y 2021, pero fueron rechazadas por Estados Unidos debido a que García Luna ya está detenido por un caso de narcotráfico. El Departamento de Estado exigió entonces que se presentaran solicitudes formales con los expedientes completos, lo cual se hizo hasta el 24 de octubre de 2023, a través de notas diplomáticas.
Recientemente, el 6 de agosto, el juez Brian Cogan determinó que los argumentos presentados por la defensa de García Luna para solicitar un nuevo juicio eran insuficientes, por lo que se mantiene la fecha previamente acordada para su audiencia de sentencia. Como parte de su estrategia, el abogado de García Luna, César de Castro, había solicitado la anulación del juicio que concluyó en febrero de 2023 con la declaración de culpabilidad del exfuncionario.
