La Fiscalía General de la República sostiene que Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco, habría convertido al ayuntamiento en una herramienta para operar una red criminal dedicada al secuestro y la extorsión, de acuerdo con la solicitud de orden de aprehensión avalada por un juez federal.
El documento judicial, fechado el 30 de enero y ejecutado esta semana, señala que el alcalde, junto con integrantes de su gabinete y mandos policiacos, habría participado en el cobro sistemático de “derecho de piso”, utilizando recursos y fuerza pública del municipio. La FGR advierte incluso posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Según la investigación, Rivera Navarro habría tenido un papel de dirección dentro de la estructura delictiva, mientras que funcionarios municipales como el jefe de Gabinete y el director de Seguridad Pública habrían colaborado en la ejecución de las amenazas, secuestros y cobros ilegales.
El expediente se apoya en múltiples testimonios. Entre ellos, el de un comerciante que denunció haber sido intimidado personalmente por el alcalde, acompañado de policías armados, para exigirle pagos semanales bajo amenaza de secuestro. El denunciante aportó datos sobre presuntas casas de seguridad, números telefónicos y la participación directa de servidores públicos.
Otro bloque de declaraciones corresponde a dos personas que afirmaron haber sido aspirantes de Morena, quienes relataron que en 2021 fueron privados de la libertad, golpeados y obligados a firmar su renuncia a candidaturas políticas. Ambos señalan a Rivera Navarro como uno de los responsables directos de las amenazas.
La FGR también documentó el caso de un artesano que aseguró haber sido extorsionado tras la llegada del alcalde al poder: primero mediante la clausura de su negocio y posteriormente con pagos forzados para poder operar, además de agresiones físicas y daños materiales cuando se retrasó en los cobros.
En al menos una de las denuncias se menciona que los extorsionadores afirmaban contar con respaldo del CJNG como mecanismo de intimidación. Otros testimonios refieren cuotas que alcanzaban hasta los 150 mil pesos.
Además de los detenidos, en la carpeta aparecen nombres de escoltas, policías municipales y presuntos operadores identificados por apodos, así como referencias a personas cercanas al edil, lo que podría ampliar la investigación.
Ante el riesgo de interferencia y el poder de influencia local de los imputados, la fiscalía solicitó que el proceso se lleve fuera de Jalisco y que los acusados permanezcan recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
El alcalde de Tequila fue detenido durante la madrugada junto con tres funcionarios municipales y trasladado al Estado de México, donde enfrentará cargos por delincuencia organizada y secuestro agravado.
