La Cámara de Diputados aprobó en tiempo récord —en apenas 30 minutos y sin debate— una reforma a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros que busca proteger a unos 40 millones de usuarios frente a cobros abusivos de bancos por tarjetas de crédito o débito.
El paquete legislativo, presentado por Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, obtuvo 467 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, y fue enviado de inmediato al Senado de la República para su análisis.
Entre los principales lineamientos aprobados destacan los siguientes:
- Las entidades financieras ya no podrán cobrar comisiones por servicios, seguros, membresías u otros beneficios que no estuvieran previstos en el contrato original o para los cuales el usuario no haya dado su consentimiento explícito.
- En los formularios de contratación, debe constar que el usuario fue informado del clausulado, y sin un consentimiento expreso no podrán generarse cargos o comisiones adicionales.
- Los bancos y emisores de tarjetas deben garantizar que la información relativa a costos, cargos y comisiones sea “clara, veraz y suficiente”, en cumplimiento de los principios de transparencia, buena fe y protección al usuario.
- Los usuarios tendrán el derecho de cancelar sus tarjetas de crédito o débito mediante mecanismos presenciales, telefónicos o digitales (incluyendo un botón visible en aplicaciones o banca en línea) las 24 horas, los 365 días del año.
- La cancelación deberá ejecutarse en un plazo máximo de cinco días a partir de la solicitud, sin costo para el usuario y con constancia digital o física de la terminación del contrato.
- Se declara nula la emisión de tarjetas de crédito o débito sin el consentimiento expreso del usuario, por lo que no será necesario que éste solicite la cancelación.
- No podrán generarse cargos por anualidad, comisiones u otro concepto asociado a esas tarjetas cuando no medie el consentimiento del usuario; además, el historial crediticio o el comportamiento de uso de la tarjeta no podrán ser reportados a sociedades de información crediticia solo por inactividad o falta de uso.
- Las entidades deberán reembolsar cargos indebidos derivados de dichas tarjetas en un plazo máximo de cinco días.
Esta reforma se da en un contexto de creciente insatisfacción ciudadana por los cobros ocultos, comisiones inesperadas y falta de transparencia en los productos financieros. Al blindar el marco legal, los legisladores pretenden frenar prácticas abusivas que habían sido sistemáticas en el sector bancario. Asimismo, refuerza el papel de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) como organismos supervisores del cumplimiento de estos nuevos derechos.
Para los usuarios, la reforma representa un paso hacia mayor control, mayor autonomía sobre sus productos financieros y menor vulnerabilidad ante cargos sorpresa. Para las entidades bancarias, significa un reto de ajuste: deberán revisar sus contratos, mecanismos de cobranza, sistemas digitales y transparencia informativa.
La iniciativa pasará al Senado para su discusión y aprobación final. Si se convierte en ley, las instituciones financieras tendrán que adaptar sus operaciones para cumplir con los plazos, condiciones y derechos nuevos establecidos. En el mediano plazo se espera que los usuarios tengan mayor certidumbre respecto al uso y cancelación de sus tarjetas, así como menores conflictos y comisiones ocultas.
En definitiva, este movimiento legislativo marca un cambio de rumbo en la protección del usuario financiero en México, y reafirma la prioridad de legislar para el bienestar del consumidor frente a las dinámicas del mercado bancario.
