El pasado 22 de noviembre de 2025, la agrupación de regional mexicano Grupo Firme ofreció un concierto en el estadio Arturo C. Nahl, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Lo que comenzó como un espectáculo más derivó en controversia y una denuncia formal, debido a que la banda interpretó la canción Se fue la Pantera —clasificada como narcocorrido— ante miles de espectadores.
La interpretación generó una reacción inmediata de las autoridades locales. Durante una conferencia de prensa, la presidenta municipal Milena Quiroga Romero declaró que, aunque en la legislación estatal no existe una norma específica que prohíba de manera expresa los narcocorridos, “sí hay rubros en la legislación vigente donde este acto podría entrar”. Aun así, consideró que existe una “área de oportunidad” para que el Congreso estatal y el ayuntamiento trabajen en regulaciones más claras sobre este tipo de contenidos en espectáculos públicos.
Posteriormente, la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur (PGJE-BCS) abrió la carpeta de investigación número LPZ/9161/2025, bajo el cargo de posible apología del delito contra miembros de Grupo Firme —incluyendo su vocalista Eduin Caz.
Durante el concierto, se reportó que el vocalista, ante el micrófono, primero preguntó si estaba permitido cantar “La Pantera”, citando a la autoridad, y luego respondió de forma desafiante: “¡Ya ni modo! Pues si nos apagan el concierto a… a su madre!”. Al mismo tiempo una fan levantó una cartulina con la frase “Aquí traigo pa’ la Pantera”, lo que evidenció la presión del público para que interpretaran el tema.
Esta no es la primera polémica que rodea a Grupo Firme por narcocorridos. En 2025, tras una solicitud similar en Ciudad Juárez, la banda esquivó cantar “Se fue la Pantera” alegando posibles sanciones —incluso el vocalista pidió 800 mil pesos por hacerlo—. Aun así, la interpretación en La Paz demuestra que aquella promesa quedó atrás, lo que reaviva el debate: libertad artística vs. responsabilidad social.
Para las autoridades municipales y estatales, esta actuación representa mucho más que una canción controvertida: se trata de una posible normalización de la violencia y de mensajes que podrían incitar al delito, especialmente entre audiencias jóvenes o vulnerables. Por ello, han propuesto revisar y fortalecer los mecanismos normativos para evitar que semejantes eventos se repitan.
Mientras la investigación sigue su curso, la controversia permanece: ¿el arte debe tener límites cuando aborda realidades violentas? ¿O prohibir ciertos géneros musicales implica censura? El caso de Grupo Firme en La Paz vuelve a poner esas preguntas sobre la mesa, y la respuesta podría marcar el rumbo de los conciertos masivos y la regulación cultural en México.
