Una alarmante regresión en los derechos sociales de México ha sido revelada, con la población sin acceso a servicios de salud duplicándose en el periodo de 2018 a 2024. Expertos advierten que este retroceso golpea con mayor fuerza a los hogares más vulnerables y de menores ingresos.
De acuerdo con un foro reciente organizado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, la carencia de acceso a la salud pasó del 16% al 34% de la población total en tan solo seis años.
Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dimensionan la magnitud de la crisis: si en 2018 había 20.1 millones de personas sin acceso a cobertura, en 2024 esa cifra se disparó a 41.9 millones, lo que representa a más de 20 millones de mexicanos que perdieron su protección sanitaria.
Especialistas han identificado que este colapso en la cobertura se debe primariamente al desmantelamiento del Seguro Popular y el consecuente fracaso en la consolidación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), que no logró ofrecer la atención universal y gratuita prometida.
Este cambio de modelo provocó un vacío institucional y desorganización, lo que llevó a que millones de personas quedaran sin una institución pública claramente responsable de su atención.
Además, esta situación obliga a los ciudadanos, especialmente a los más pobres, a enfrentar el gasto de bolsillo para poder acceder a consultas, tratamientos y medicamentos. La situación subraya una merma significativa en el ejercicio de los derechos sociales básicos y un desafío crucial para las políticas públicas del país.
