A más de 50 días desde que se inició la suspensión de labores en el Poder Judicial Federal, se han detenido más de 175 mil casos nuevos y se han paralizado más de un millón de procesos en curso. Esta situación ha generado un caos significativo, afectando tanto a víctimas que no pueden recibir sus apoyos como a profesionales que han perdido oportunidades por la falta de notificaciones.
Desde el 21 de agosto, la suspensión, que se extiende hasta el 11 de octubre, ha sido impulsada por trabajadores y jueces en protesta por una reforma judicial que, según ellos, socava la independencia del sistema judicial. Aunque la medida debería permitir la atención de casos urgentes, estos son solo una minoría y la gran mayoría de los casos nuevos son solicitudes de amparo.
Los juzgados federales, según datos del Inegi, registran un promedio de 3,441 nuevos casos cada día. Con más de 50 días de paro, se estima que esto representa 175,491 casos que no han podido ser iniciados. Además, más del 65% de estos casos están relacionados con demandas de amparo.
Abogados y juristas han advertido que la reactivación de los procesos será monumental, pues no solo tendrán que manejar los casos que estaban pendientes antes del paro, sino también los nuevos que se presenten una vez que se reanuden las actividades. Esto podría triplicar la carga de trabajo de los jueces y el personal judicial.
Entre los casos más destacados que se encuentran estancados están los relacionados con presuntos actos de corrupción, como los casos Odebrecht y Agronitrogenados, que involucran a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien ha promovido amparos que han retrasado su juicio.
También se encuentran afectados procesos de extradición, como el de Kirill Olegovich Safrán, un opositor ruso que permanece detenido en México mientras su defensa argumenta que su caso podría estar motivado por razones políticas.
La suspensión también impacta a las víctimas de delitos que buscan acceder a los apoyos previstos por la Ley General de Víctimas. Muchos de estos casos han quedado estancados, lo que impide que las víctimas reciban la ayuda necesaria.
La situación se complica aún más por la resistencia de algunas autoridades para acatar resoluciones judiciales, lo que envía una mala señal sobre el respeto al estado de derecho. Los efectos de este paro no solo se sienten en los tribunales, sino que también crean un ambiente de incertidumbre y preocupación para aquellos que buscan justicia en el país.
