La ex primera ministra de Bangladés, Sheikh Hasina, fue condenada a la pena de muerte por el Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladés (ICT, por sus siglas en inglés), que la declaró culpable de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la represión de las protestas de 2024. La sentencia, emitida el lunes 17 de noviembre, marca un punto crítico en la historia política del país, pues nunca antes una figura de su rango había enfrentado un fallo de esta naturaleza. Hasina, quien gobernó durante más de una década y fue una de las figuras más influyentes del país, enfrenta un futuro incierto mientras permanece exiliada en la India, donde se refugió tras su dimisión.
Sheikh Hasina, de 78 años y líder histórica de la Liga Awami, renunció en agosto de 2024 luego de un levantamiento estudiantil que denunció abusos y actos de corrupción. Las protestas, según estimaciones de la ONU, dejaron alrededor de mil 500 muertos tras una dura represión. Tras su caída del poder, un gobierno interino encabezado por Muhammad Yunus asumió el control del país.
Los crímenes de lesa humanidad
El ICT consideró a Hasina responsable de diversos crímenes de lesa humanidad vinculados a la represión de las manifestaciones de 2024. Las acusaciones incluyen la organización de asesinatos masivos, el uso de fuerza letal tanto desde tierra como desde aire, el asesinato selectivo de personas y la coordinación de persecuciones en múltiples regiones.
Por la primera acusación, relacionada con la incitación, la orden directa de asesinatos y la falta de acciones para prevenir las atrocidades —así como la omisión de sancionar a los responsables—, la exmandataria fue condenada a cadena perpetua. En la segunda acusación, el tribunal la consideró culpable de ordenar ataques con drones, helicópteros y armamento letal contra manifestantes, lo que resultó en la imposición de la pena de muerte.
El líder del gobierno interino, Muhammad Yunus, afirmó tras conocerse el fallo que la condena refleja un principio esencial: “nadie, independientemente de su poder, está por encima de la ley”.
El futuro de Sheikh Hasina: la extradición como clave
Tras la condena, el futuro de Hasina depende ahora de un solo elemento: la extradición. La India, país en el que se encuentra exiliada desde agosto de 2024, es la única nación con la facultad de decidir si será entregada a las autoridades bangladesíes.
Horas después del veredicto, el gobierno interino de Bangladés solicitó formalmente a la India la “entrega inmediata” de Sheikh Hasina y de su colaborador Asaduzzaman Khan Kamal, quien también recibió la pena de muerte. Sin embargo, Nueva Delhi se limitó a reiterar su “compromiso con el pueblo bangladesí”, sin pronunciarse específicamente sobre la situación de Hasina, lo que colocó al gobierno indio en una postura diplomática delicada.
Ambos países mantienen desde 2013 un tratado de extradición basado en la reciprocidad, aunque su aplicación no es automática. Según la abogada del Tribunal Supremo de la India, Jasmine Damkewala, la reciprocidad “varía de un país a otro y entre un caso y otro”. Aseguró que una revisión minuciosa de la legislación india indica que el acuerdo no es aplicable en casos considerados “delitos políticos”, categoría en la que entrarían los cargos contra Hasina.
Debido a ello, India no estaría obligada a entregarla, y la ex primera ministra incluso podría solicitar asilo, según explica la jurista. Añadió que ningún agente extranjero puede realizar una detención dentro del territorio indio y que cualquier procedimiento deberá canalizarse formalmente mediante instancias diplomáticas, pasando por la Alta Comisión y por un análisis jurídico del tratado y de los cargos presentados.
Damkewala subrayó que, mientras no concluya dicho examen para determinar si los delitos atribuidos son de carácter político —evaluación que, señaló, coincide con la postura del Alto Comisionado de India en Daca—, Sheikh Hasina puede continuar residiendo legalmente en el país.
