La Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas instruyó a las universidades públicas del estado a identificar a estudiantes indocumentados y reclasificarlos como no residentes, con el fin de cobrarles la matrícula completa a partir del semestre otoño 2025.
Esta medida responde a un fallo judicial que anuló la ley conocida como Texas Dream Act, la cual permitía desde 2001 que jóvenes sin estatus legal pero graduados en escuelas texanas pagaran la misma tarifa que residentes del estado.
Se estima que alrededor de 73 mil estudiantes se verán afectados, obligados a pagar tarifas más altas que las aplicadas a residentes, lo que representa un duro golpe para el acceso a la educación superior de esta población.
