El gobierno británico anunció la expansión de un programa piloto de castración química para delincuentes sexuales, con el objetivo de reducir la reincidencia y aliviar la sobrepoblación carcelaria. La secretaria de Justicia, Shabana Mahmood, informó que el tratamiento, que utiliza medicamentos para suprimir la libido, se aplicará en 20 prisiones de Inglaterra y Gales. Además, se evalúa la posibilidad de hacer este procedimiento obligatorio para ciertos ofensores graves.
La medida forma parte de una reforma penitenciaria más amplia que también contempla la reducción de penas de prisión para algunos delitos y la implementación de sanciones comunitarias. Sin embargo, expertos en ética médica han expresado preocupaciones sobre la obligatoriedad del tratamiento, argumentando que podría violar principios fundamentales de consentimiento informado.
Estudios han mostrado que la castración química, cuando se combina con terapia psicológica, puede reducir significativamente las tasas de reincidencia entre delincuentes sexuales. No obstante, la implementación de esta medida ha generado un debate sobre su eficacia y las implicaciones éticas de su aplicación forzada.
