El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, enfrenta una prohibición para salir del país mientras es investigado por la declaración de ley marcial que ordenó el martes pasado. Este decreto, que movilizó tropas armadas en Seúl, desató una crisis política y preocupaciones internacionales.
La fiscalía detuvo al exministro de Defensa, Kim Yong Hyun, señalado como quien recomendó el decreto, y el Ministerio de Defensa apartó a tres altos mandos militares involucrados. La oposición calificó el acto como “rebelión inconstitucional” y presentó denuncias contra Yoon y otros funcionarios.
El decreto, rechazado por la Asamblea Nacional tras seis horas de vigencia, agravó las tensiones entre el presidente conservador y el parlamento, dominado por liberales. Yoon ofreció disculpas públicas el sábado, prometiendo asumir responsabilidades legales y políticas.
El Partido del Poder Popular, que apoya a Yoon, busca una transición ordenada para evitar mayores conflictos sociales, mientras que el presidente continúa bajo escrutinio por presuntas violaciones constitucionales.
