El Gobierno de Perú anunció este lunes la ruptura de sus relaciones diplomáticas con México, luego de confirmarse que la ex primera ministra Betssy Chávez, acusada de haber participado en el intento de golpe de Estado encabezado por el expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022, se encuentra refugiada en la embajada mexicana en Lima, donde solicitó asilo político.
El canciller peruano, Hugo de Zela, informó la decisión en una conferencia de prensa, calificando el hecho como “un acto inamistoso e inaceptable” por parte del Gobierno mexicano. De Zela argumentó que México ha incurrido en reiteradas acciones de injerencia en los asuntos internos del país, y que la concesión de asilo a Chávez representa una nueva violación del principio de no intervención.
“El Perú no puede aceptar que un gobierno extranjero otorgue protección diplomática a una persona que enfrenta un proceso judicial por graves delitos contra el orden constitucional”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores.
De acuerdo con el comunicado oficial, el Ejecutivo de Dina Boluarte ordenó el retiro inmediato del embajador peruano en Ciudad de México y dispuso que el personal diplomático mexicano abandone Lima en un plazo de 72 horas. Con esta decisión, ambos países quedan sin representación diplomática plena, manteniéndose únicamente los servicios consulares para atender a sus ciudadanos.
Por su parte, el Gobierno de México respondió que la solicitud de asilo se tramita bajo los lineamientos del Derecho Internacional y la Convención de Caracas de 1954 sobre Asilo Diplomático, instrumentos que respaldan la tradición mexicana de ofrecer protección a personas perseguidas por motivos políticos. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) calificó la reacción peruana como “excesiva y desproporcionada”, subrayando que su país “actúa en defensa de los derechos humanos y conforme a su soberanía”.
Medios peruanos informaron que Betssy Chávez enfrenta un proceso judicial por rebelión y conspiración, cargos relacionados con la decisión de Pedro Castillo de disolver el Congreso en diciembre de 2022, lo que provocó su destitución inmediata y la crisis política más grave en Perú en los últimos años.
La ruptura entre Lima y Ciudad de México profundiza una serie de tensiones bilaterales que se arrastran desde el inicio del gobierno de Dina Boluarte, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó públicamente la destitución de Castillo y se negó a reconocer a la mandataria como legítima.
Esta nueva disputa marca uno de los momentos más críticos en la relación diplomática entre ambos países en décadas, y deja en evidencia las divergencias ideológicas y políticas que han marcado su trato en los últimos años.
