La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) denunció la ejecución de familias enteras en Siria durante el reciente incremento de violencia entre el Ejército y grupos leales al derrocado presidente Bashar al-Assad en las provincias de Latakia y Tartús.
Según el informe publicado el 11 de marzo, más de 1,300 personas fueron asesinadas, en su mayoría miembros de la minoría alauita. La portavoz de la ONU, Thameen Al-Kheetan, señaló que los ataques fueron dirigidos específicamente contra comunidades alauitas, donde los perpetradores preguntaban a los residentes por su origen religioso antes de decidir si los ejecutaban.
La ONU pidió que se responsabilice a los culpables, independientemente de su afiliación política o religiosa. El gobierno interino de Siria ha anunciado la creación de un comité para investigar los hechos y determinar responsabilidades.
Además, el informe menciona que grupos armados vinculados al antiguo régimen de al-Assad habrían irrumpido en hospitales de Latakia, Tartús y Baniyas, causando decenas de muertes entre pacientes y personal médico. La ONU subrayó que las investigaciones deben ser rápidas, imparciales y exhaustivas para garantizar justicia a las víctimas.
