El régimen militar de Myanmar promulgó una nueva ley electoral que contempla castigos extremos, incluyendo la pena de muerte, para quienes interfieran en las elecciones generales previstas para finales de 2025. La normativa fue publicada en el diario oficial del país y forma parte del intento del ejército por legitimar su toma del poder, ocurrida en 2021 tras derrocar al gobierno democráticamente electo de Aung San Suu Kyi.
La legislación establece penas que van desde prisión hasta cadena perpetua para quienes organicen protestas, distribuyan propaganda o dañen materiales electorales. En casos donde dichas acciones deriven en la muerte de alguna persona, los involucrados podrán ser condenados a muerte.
La comunidad internacional y opositores internos han denunciado que estos comicios no serán libres ni justos, ya que la mayoría de los líderes opositores se encuentran encarcelados y no existe libertad de prensa. El ejército, que controla menos de la mitad del territorio nacional, planea realizar votaciones únicamente en 267 de los 330 municipios del país, dependiendo de las condiciones de seguridad.
El principal bloque opositor, el Gobierno de Unidad Nacional, junto con grupos armados étnicos, han advertido que harán lo posible por impedir estas elecciones, calificadas como ilegales y manipuladas.
