El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, acusó al expresidente Evo Morales de haber disparado contra varios policías durante un control antidrogas en la carretera del Trópico de Cochabamba. Los hechos ocurrieron el pasado domingo, cuando la policía llevaba a cabo una operación rutinaria en la zona, considerada un bastión político y sindical de Morales.
Según Del Castillo, el chofer del exmandatario no acató la orden de detenerse y aumentó la velocidad, provocando un enfrentamiento que resultó en un policía herido. El ministro describió que el vehículo que transportaba a Morales disparó a los agentes, y en el proceso, un policía fue arrollado y sufrió una fractura en la tibia y peroné, lo que requirió intervención quirúrgica.
El expresidente Morales, quien ha sido crítico del gobierno de Luis Arce, denunció un “intento de asesinato” y atribuyó el ataque a un complot de los ministros de Gobierno y Defensa, Eduardo del Castillo y Edmundo Novillo, con el fin de evitar que se postule para las elecciones presidenciales de 2025. En respuesta, Del Castillo tildó a Morales de “mentiroso” y aseguró que los videos del supuesto ataque estaban editados y que “nadie le cree”.
El ministro instó a Morales a entregar el vehículo a la Policía Boliviana para realizar una inspección, cuestionando quién le otorgó permiso para portar armas y quiénes estaban armados dentro de su auto. Además, Del Castillo denunció que los seguidores de Morales trataron de destruir evidencia al sustraer y quemar vehículos de la policía en un intento por eliminar pruebas del incidente.
La acusación de Del Castillo se produce en un contexto de creciente tensión en Bolivia, donde los seguidores de Morales han bloqueado carreteras durante 15 días en defensa del expresidente. Este bloqueo ha sido calificado por el ministro como “una defensa de la pedofilia y la violación de menores”, en relación con investigaciones que involucran a Morales por un caso de trata de personas y estupro, donde se alega que tuvo una hija con una menor de edad.
La situación también refleja el distanciamiento creciente entre Morales y Arce, que ha llevado a luchas internas dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido oficialista. Mientras tanto, el gobierno de Arce ha intensificado sus operaciones antidrogas en la región, que alberga la mayoría de los laboratorios de cocaína en el país, y ha advertido sobre la presencia de francotiradores entre los manifestantes.
Esta crisis se desarrolla en un clima de polarización política, donde Morales ha continuado su labor política desde la oposición, mientras enfrenta varias denuncias legales y un creciente descontento por parte del gobierno actual. La respuesta del gobierno ante las manifestaciones y las acciones legales en curso contra Morales podrían tener repercusiones significativas en la estabilidad política de Bolivia en el futuro cercano.