Un grupo de expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas manifestó su preocupación ante denuncias que señalan a la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, por supuestas irregularidades relacionadas con adopciones ocurridas durante el conflicto armado interno.
El pronunciamiento se dio a conocer a pocos días de que Porras concluya su periodo al frente del Ministerio Público. Según el panel, existen alegaciones consideradas “creíbles” sobre posibles conductas incompatibles con estándares internacionales de derechos humanos, vinculadas con su etapa como directora del Hogar Temporal Elisa Martínez en 1982.
De acuerdo con los expertos, al menos 80 niños indígenas habrían sido objeto de adopciones internacionales presuntamente irregulares tras haber sido institucionalizados en ese centro. En ese periodo, Porras fungió como directora, administradora y tutora legal de los menores, entre enero y agosto de ese año.
El panel subrayó que las personas señaladas por presuntas violaciones a derechos humanos no deberían ser preseleccionadas ni designadas en cargos públicos hasta que se realicen investigaciones independientes, prontas y exhaustivas. También expresó inquietud por la falta de procesos que esclarezcan los hechos y por la ausencia de reparaciones para las madres afectadas.
Las declaraciones surgen en un contexto en el que Porras aspiraba a integrar una magistratura designada por la Universidad de San Carlos de Guatemala; sin embargo, la institución eligió a otros candidatos para el cargo.
Durante el conflicto armado guatemalteco (1960-1996), miles de menores fueron dados en adopción, en muchos casos hacia familias en Estados Unidos. Diversas investigaciones posteriores señalaron la existencia de redes que habrían facilitado adopciones irregulares mediante la sustracción o compra de niños. En 2007, el Congreso aprobó una ley para regular estos procesos.
En 2024, el presidente Bernardo Arévalo ofreció una disculpa pública a un ciudadano que fue adoptado de manera irregular en su infancia, en un gesto que marcó un precedente en el reconocimiento estatal de estos casos.
Hasta el momento, ni la fiscalía guatemalteca ni el gobierno han emitido una postura oficial frente a los señalamientos.
Porras ha sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, que la acusan de obstaculizar la lucha contra la corrupción y debilitar las instituciones democráticas del país.
