El Gobierno del presidente estadounidense Joe Biden ha pedido a las empresas energéticas estadounidenses que preparen declaraciones juradas que documenten cómo las políticas proteccionistas de México dificultaron sus inversiones, cuando Washington se prepara para recrudecer una disputa comercial con su vecino, según tres personas familiarizadas con las discusiones.
La solicitud de declaraciones juradas a las principales compañías petroleras y de energía renovable de Estados Unidos representa la última y más clara señal de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) planea buscar un panel independiente de solución de controversias en el marco del pacto comercial Estados Unidos-México-Canadá, o T-MEC.
Las medidas del presidente Andrés Manuel López Obrador, para revertir las reformas destinadas a abrir los mercados de energía y petróleo de México a los competidores extranjeros desencadenaron en última instancia la disputa comercial.
Las empresas estadounidenses de energía y electricidad, como Chevron y Marathon Petroleum que pretendían expandirse en México, se han quejado de que se les han denegado permisos y solicitudes sencillos en decisiones que favorecían a la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la empresa nacional de electricidad Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Es probable que Estados Unidos recurra a un grupo especial de solución de diferencias antes de fin de año si las conversaciones sobre la cuestión siguen estancadas, y las declaraciones juradas representan pruebas que se incluirían en la solicitud del grupo especial, dijeron las fuentes. Si el panel falla en contra de México y éste no toma medidas correctivas, Washington podría finalmente imponer miles de millones de dólares en aranceles de represalia a los productos mexicanos.
Las fuentes pidieron que no se mencione su nombre porque no están autorizadas a hablar públicamente sobre el asunto.
Las medidas se suman a un visible deterioro de las relaciones comerciales entre Washington y México, a pesar de que su integración económica se está profundizando. En agosto, el USTR solicitó la intervención de un panel de solución de controversias del USMCA en un desacuerdo por las restricciones de México a las importaciones de maíz genéticamente modificado. México compra actualmente maíz transgénico estadounidense por valor de unos 5 mil millones de dólares al año, principalmente para alimentar al ganado.
Al igual que en el caso de las políticas energéticas, Washington argumenta que prohibir el maíz transgénico para consumo humano y animal viola las obligaciones de México en virtud del pacto comercial.
Obrador es visto como un obstáculo importante para resolver ambas disputas, ya que considera que la energía y el maíz son importantes para la identidad nacional de México.
