Varios estados de Estados Unidos promueven proyectos para limitar la asistencia de estudiantes indocumentados a escuelas públicas, intensificando las políticas migratorias impulsadas durante el mandato del presidente Donald Trump.
Trump autorizó redadas migratorias en espacios antes considerados sensibles, como escuelas e iglesias. Aunque la ciudad de Denver presentó una demanda para impedir redadas en sus escuelas, otros estados avanzan en sentido contrario.
En Tennessee, legisladores republicanos proponen que los distritos escolares puedan negar la matrícula a estudiantes sin estatus legal. El representante William Lamberth sostuvo que las comunidades locales «no deberían pagar las consecuencias de la inacción federal en la frontera». El gobernador Bill Lee, aunque no ha revisado la propuesta, ya firmó una ley que excluye a estudiantes indocumentados de recibir ayudas económicas para escuelas privadas.
En Indiana, se presentó un proyecto que permitiría a los distritos negar la inscripción a estudiantes indocumentados. Además, el fiscal general asumiría la defensa de las escuelas en caso de demandas. La propuesta obliga a los colegios a informar el número de alumnos sin documentos, su tasa de asistencia y la cantidad de profesores bilingües.
En Texas, legisladores buscan que los distritos escolares registren a los estudiantes indocumentados, con la intención de exigir al Gobierno federal el reembolso del costo anual de su educación.
En Oklahoma, el superintendente estatal Ryan Walters plantea que las escuelas soliciten prueba de ciudadanía o estatus migratorio al momento de la inscripción. Aunque no se negaría la matrícula, las instituciones estarían obligadas a realizar censos. Esta medida fue aprobada por la Junta Estatal de Educación, pero el gobernador Kevin Stitt se opone, afirmando que las acciones deben enfocarse en perseguir a quienes cometan delitos, no a los estudiantes.
