La Justicia argentina concedió este martes el beneficio de prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por irregularidades en la concesión de obras públicas entre 2003 y 2015.
El juez Jorge Gorini, encargado de la ejecución de la sentencia, autorizó que Fernández, de 72 años, cumpla su condena en su residencia del barrio Constitución, en Buenos Aires, alegando su edad como fundamento para la medida, contemplada en la ley argentina.
Fernández no tendrá que acudir en persona a los tribunales y deberá cumplir una serie de condiciones: no podrá salir de su domicilio salvo por razones de fuerza mayor debidamente justificadas, y deberá evitar cualquier comportamiento que altere la convivencia vecinal.
Además, se le instalará un dispositivo electrónico de vigilancia, pese a la solicitud de sus abogados para evitarlo. La supervisión de su cumplimiento estará a cargo de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, que informará cada tres meses sobre su situación.
La decisión se produce una semana después de que la Corte Suprema dejara firme la condena dictada en 2022, y tras una solicitud de su defensa que también alegó motivos de seguridad personal, recordando el intento de atentado que sufrió en 2022.
La Fiscalía expresó su desacuerdo con la medida, argumentando que no existen razones humanitarias suficientes para justificarla.
