Las autoridades de Hong Kong arrestaron este martes al jurista Bruce Liu, exlíder de la Asociación para la Democracia y el Sustento del Pueblo, poco antes de que participara en un evento organizado para exigir transparencia sobre el devastador incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court, donde ya se contabilizan 156 fallecidos.
La rueda de prensa, convocada por organizaciones civiles, fue cancelada tras recibir alertas de instancias oficiales. Horas antes, la policía interceptó a Liu mientras se dirigía al lugar del evento.
El acto buscaba pedir asistencia para los damnificados y exigir la conformación de un panel independiente que investigara posibles irregularidades, como favoritismos en contratos, uso de materiales deficientes y fallas en la supervisión gubernamental.
Con esta detención, ya son cuatro las figuras opositoras arrestadas en cinco días bajo la legislación de seguridad estatal. Entre ellas se incluyen un estudiante que impulsó una campaña digital y dos activistas vinculados a la recaudación de donativos, todos acusados de presunta “sedición”.
Mientras continúan las detenciones, las autoridades anunciaron un retorno controlado de residentes a la única torre que no fue afectada, permitiendo 90 minutos por familia bajo estricta supervisión.
Equipos forenses hallaron cinco restos adicionales entre los escombros, elevando el total a 156 muertos, de los cuales 127 ya están identificados. El incendio, provocado durante trabajos de reacondicionamiento exterior, consumió siete de las ocho torres en solo cuatro horas.
Ante la presión social, el jefe del Ejecutivo, John Lee, anunció la creación de un comité independiente encabezado por un juez para determinar las causas del siniestro y proponer reformas. El organismo analizará fallas en normativas de seguridad, supervisión de obras, calidad de materiales y posibles actos de corrupción.
Las autoridades también revelaron que parte de las mallas y materiales utilizados no cumplían estándares de resistencia al fuego, lo que aceleró la propagación del incendio. Hasta ahora, 13 personas vinculadas a la empresa contratista han sido detenidas.
El gobierno advirtió que no permitirá que la tragedia sea “politizada” mientras continúan las labores de apoyo a los afectados.
