El endurecimiento de las sanciones de Donald Trump contra Cuba comienza a reflejarse con fuerza en el transporte público de la isla, en medio de una economía ya golpeada por años de crisis.

Washington amenazó con imponer aranceles a los países que suministren petróleo a La Habana, medida que ha reducido aún más el acceso al combustible. Como consecuencia, el gobierno cubano activó un plan de contingencia que incluye racionamiento de gasolina y diésel, así como la reducción de servicios de transporte.

En las calles de La Habana, las guaguas prácticamente no pasan. Las paradas lucen abarrotadas o vacías, porque muchos usuarios han optado por caminar largas distancias ante la falta de opciones. Maykel, vendedor de 35 años, recorre hasta 20 kilómetros diarios para evitar gastar una parte considerable de su salario en transporte.

La escasez también afecta a taxistas y transportistas privados. Las gasolineras en moneda nacional han dejado de abastecer y las que venden en dólares registran largas listas de espera mediante aplicaciones móviles, donde los turnos pueden tardar meses. En el mercado informal, el litro de combustible alcanza precios equivalentes a una fracción importante del salario promedio mensual.

Miguel Leyva, pensionado de 71 años, pasó más de cuatro horas esperando un autobús para llegar a la terminal de trenes. “El transporte está pésimo”, lamenta, mientras explica que su pensión apenas le alcanza para subsistir.

La crisis ha impulsado el uso de bicicletas y triciclos eléctricos, aunque estos últimos también enfrentan dificultades por los constantes apagones que impiden cargar completamente las baterías.

El nuevo cerco energético profundiza así las limitaciones cotidianas en la isla, donde la falta de combustible no solo impacta la movilidad, sino que paraliza progresivamente distintos sectores de la economía. Mientras tanto, muchos ciudadanos enfrentan la situación con resignación, en un país que acumula más de seis años de severas dificultades económicas.