En un contexto nacional marcado por la incertidumbre económica, los retos en materia de seguridad y una exigencia ciudadana cada vez más clara de resultados tangibles, conocer con precisión qué esperan las personas de sus gobiernos no es un ejercicio accesorio, sino una herramienta indispensable para la toma de decisiones públicas. Con ese objetivo, la revista El Ahuizote realizó un ejercicio de consulta y sondeo ciudadano en el estado de Coahuila, con el propósito de identificar cuáles son las principales demandas de la población hacia su gobernador y cómo evalúan una de las variables más sensibles para la vida cotidiana, la seguridad.
El primer cuestionamiento planteado en este ejercicio fue directo y revelador, ¿qué debe ofrecerte un buen gobernador para tu familia? La respuesta global deja poco margen a la interpretación. El 55% de las personas consultadas señaló la seguridad como la principal prioridad, seguida del empleo con un 26%, la salud con un 13% y un 6% que manifestó no saber o no tener una opinión definida. Este resultado confirma que, para la mayoría de los coahuilenses, la posibilidad de vivir en un entorno seguro no es solo una aspiración, sino el punto de partida indispensable para cualquier proyecto personal, familiar, social o económico.
Este dato resulta particularmente relevante si se considera que, durante años, el debate público solía colocar al empleo o a la economía como el eje central de las preocupaciones ciudadanas. Hoy, sin embargo, la seguridad se posiciona como la condición previa que permite que todo lo demás funcione. Sin seguridad no hay inversión, sin inversión no hay empleo, y sin estabilidad no hay desarrollo sostenible. La ciudadanía parece haber internalizado esta relación de manera clara y consistente.
Más allá del dato agregado, el análisis regional permite entender con mayor precisión cómo las condiciones locales influyen en la percepción ciudadana y en la jerarquización de necesidades. Coahuila es un estado diverso, conformado por regiones con dinámicas económicas, sociales y productivas distintas, el sureste, el centro, el norte, la región carbonífera y La Laguna. Cada una enfrenta retos específicos, y eso se refleja con claridad en las respuestas del sondeo.
En el caso de Monclova, ciudad representativa de la región centro, el resultado presenta una variación significativa respecto al promedio estatal. El 46% de los encuestados señaló el empleo como la principal necesidad que debe atender un buen gobernador. Este dato no puede entenderse sin el contexto económico que vive la región, particularmente tras el cierre de Altos Hornos de México, que representó una pérdida masiva de fuentes de trabajo directas e indirectas y un impacto profundo en la economía regional. Aun así, la seguridad se mantiene como una prioridad relevante, ubicándose en segundo lugar con un 36%, seguida de la salud con un 12% y un 5% que no expresó una opinión definida. Incluso en un entorno donde el empleo se vuelve urgente, la seguridad continúa siendo una constante en las preocupaciones ciudadanas.
En Piedras Negras, ciudad emblemática de la región norte y frontera del estado, el panorama es distinto. El 59% de los consultados señaló la seguridad como la principal prioridad, seguida del empleo con un 24%, la salud con un 10% y un 7% que no sabe o no tiene opinión. Este resultado resulta particularmente relevante si se considera que Piedras Negras se encuentra de manera recurrente entre las ciudades fronterizas más seguras del país. Lejos de generar complacencia, esta condición parece reforzar la idea de que la seguridad es un activo que debe protegerse y fortalecerse de manera permanente.
Saltillo, capital del estado y referente de la región sureste, presenta una tendencia muy similar. El 60% de los encuestados identificó la seguridad como la principal obligación de un buen gobernador, seguida del empleo con un 21%, la salud con un 17% y apenas un 3% que no manifestó una opinión. En una zona caracterizada por su dinamismo industrial, su crecimiento ordenado y su capacidad para atraer inversiones, la seguridad aparece como el elemento que permite sostener ese desarrollo y mantener condiciones de competitividad frente a otras regiones del país.
En Torreón, principal ciudad de La Laguna, el resultado es incluso más contundente. El 62% de las personas consultadas colocó a la seguridad como la prioridad número uno, muy por encima del empleo con un 15%, la salud con un 14% y un 9% que no sabe o no tiene una opinión definida. Este dato adquiere especial relevancia en una región históricamente marcada por desafíos en materia de seguridad, donde los avances logrados en los últimos años han sido percibidos como un factor determinante para la recuperación del tejido social, la actividad económica y la confianza ciudadana.
El sondeo de El Ahuizote no se limitó a identificar qué esperan los ciudadanos de su gobierno, sino que también buscó conocer cómo evalúan el desempeño del estado en el rubro que consideran más importante. A la pregunta ¿cómo califica la seguridad del estado de Coahuila?, la respuesta global muestra un balance mayoritariamente positivo, el 49% la calificó como buena, el 32% como regular, el 17% como mala y apenas un 2% señaló no saber o no tener una opinión.
Nuevamente, el análisis por ciudad aporta matices relevantes. En Monclova, el 49% calificó la seguridad como buena, el 28% como regular, el 22% como mala y el 1% no expresó una opinión. En Piedras Negras, la percepción positiva es más marcada, el 60% considera buena la seguridad, el 28% la califica como regular, solo el 8% como mala y un 4% no sabe o no tiene opinión. Saltillo presenta un escenario equilibrado, con un 42% que califica la seguridad como buena, un 42% como regular, un 15% como mala y un 1% sin opinión. En Torreón, el 44% considera buena la seguridad, el 28% regular, el 25% mala y el 3% no expresó una postura.
Estos resultados permiten una lectura clara, los coahuilenses no solo identifican con precisión lo que necesitan de su gobierno, sino que también reconocen que, en el rubro que consideran prioritario, el estado presenta resultados que, en términos generales, son valorados de manera positiva. La seguridad aparece así no solo como una demanda, sino como un activo que la ciudadanía percibe, evalúa y compara, incluso frente al contexto nacional.
Este escenario no es producto del azar. La percepción ciudadana se construye a partir de políticas públicas sostenidas, coordinación institucional y decisiones estratégicas que priorizan la prevención, la inteligencia, la proximidad social y la presencia territorial. En este sentido, es necesario reconocer el trabajo encabezado por el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como la labor del Fiscal Feneral del estado, Federico Fernández Montañez, y del Secretario de Seguridad Pública, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez. La coordinación entre estas instancias ha sido un factor clave para mantener a Coahuila entre los estados con mejores indicadores de seguridad a nivel nacional.
La ciudadanía parece entender con claridad que la seguridad no se improvisa ni se decreta; se construye con planeación, inversión constante, profesionalización de las corporaciones, fortalecimiento del estado de derecho y una estrategia integral que considere las particularidades de cada región. El hecho de que, incluso en zonas con alta percepción positiva, la seguridad siga siendo la principal exigencia, habla de una conciencia colectiva sobre su fragilidad y sobre la necesidad de proteger lo que se ha avanzado.
Además, los resultados del sondeo permiten una lectura política relevante, cuando la ciudadanía identifica con claridad sus prioridades y, al mismo tiempo, reconoce avances en ese rubro, se genera una relación distinta con la autoridad. No se trata de una aprobación acrítica, sino de una evaluación que combina exigencia y reconocimiento. Este tipo de percepción fortalece la gobernabilidad, reduce la incertidumbre social y genera condiciones más estables para la implementación de políticas públicas de largo plazo.
El ejercicio realizado por El Ahuizote muestra, además, una ciudadanía informada y consciente, capaz de distinguir entre necesidades estructurales como el empleo o la salud y condiciones habilitantes como la seguridad, sin la cual cualquier política pública pierde efectividad. En regiones golpeadas por crisis económicas, como el centro del estado, el empleo emerge como urgencia inmediata, pero la seguridad no desaparece del radar. En regiones con estabilidad relativa, la seguridad se consolida como el cimiento que permite planear a largo plazo, atraer inversión y fortalecer el tejido social.
En ese sentido, los resultados del sondeo no solo funcionan como una radiografía del sentir ciudadano, sino como una guía clara para la agenda pública. La seguridad, entendida como la posibilidad de vivir, trabajar y desarrollarse sin miedo, se confirma como la prioridad de prioridades para los coahuilenses. Y al mismo tiempo, la evaluación positiva de su estado actual sugiere que existe una base sólida sobre la cual seguir construyendo.
El reto hacia adelante no será únicamente mantener los niveles alcanzados, sino profundizar las estrategias diferenciadas por región, fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y no perder de vista que la seguridad es una condición dinámica, que exige atención permanente, adaptación constante y una lectura fina del entorno social y económico. La ciudadanía, como lo muestran los datos, está atenta, evalúa y reconoce cuando las cosas se hacen bien, pero también cuando se descuidan.
En un país donde la seguridad suele ser el principal pendiente y donde amplias regiones enfrentan retrocesos evidentes, Coahuila aparece, a los ojos de sus habitantes, como una entidad que ha logrado convertirla en un activo estratégico. Preservarla y fortalecerla no es solo una obligación gubernamental, sino una demanda social claramente expresada. Y en esa coincidencia entre lo que la gente necesita y lo que percibe que se le está ofreciendo, se encuentra una de las claves más relevantes para entender la estabilidad, la gobernabilidad y el rumbo del estado.
