La jornada electoral dejó un resultado claro, el presidente, su sucesora, y el lopezobradorismo se han consolidado en México y lograron una impresionante fortaleza en el Poder Legislativo. Los mexicanos, sin dudarlo y con los ojos cerrados, decidieron darle todo el poder a un solo partido, y el oficialismo recibió además del poder otorgado, un tentador cheque en blanco.
Los resultados que alimentan y definen las posiciones en la Cámara de Diputados, le han dado al presidente y a sus aliados la anhelada mayoría calificada. Solamente en el Senado no podrán alcanzarla, pues se espera que les falten al menos dos posiciones para tenerla. Y definitivamente es “anhelada”, porque al fin se han generado las condiciones perfectas para que López Obrador, envíe nuevamente las de las reformas que anunció el pasado 5 de febrero en el aniversario de la Constitución, o cualquier otra, y sin ningún problema estas serán aprobadas.
Los últimos meses del presidente son la conexión, el inicio y el punto de partida del próximo sexenio, e iniciara con un proceso legislativo que será transexenal, y no existe, al menos al día de hoy, ninguna señal de que la ruta planeada pueda cambiar, aún y cuando los riesgos que implican en términos económicos son en excesivamente obvios.
Solamente el lunes 3 de junio, el día después de la elección, la bolsa de valores y el peso frente al dólar registraron caídas del 6.1% y una depreciación del 4%, situación alarmante para la economía, pero irrelevante para el gobierno de México y para la presidenta electa. El siguiente día, la tendencia continuó, en una menor medida, pero constante, y fue hasta entonces que consideraron necesario que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, diera la cara e intentar tranquilizar a los mercados.
Su brevísimo mensaje de 2 minutos fue insuficiente, dijo que las prioridades son la estabilidad macroeconómica, la prudencia fiscal y la viabilidad de sus objetivos fiscales, el apoyo a PEMEX y el respeto a la autonomía de BANXICO, y confirmó que seguirá en su cargo por tiempo indefinido.
Para el presidente, el “lunes negro”, se debió principalmente a factores externos y a la desinformación de medios especializados internacionales y nacionales que “desinformaron” a los inversionistas. La realidad es que los mercados financieros están reevaluando los riesgos que implica la mayoría obtenida por Morena, la concentración del poder y los posibles cambios en materia económica y política en México; y se mantendrán así hasta que se instale la próxima legislatura y se confirme la intención de aprobar o no las reformas del presidente.
De lo expuesto por Ramírez de la O, resalta el punto 4, en el que habla de PEMEX, pues desmintió una de las afirmaciones más constantes del presidente, “PEMEX no se ha endeudado, al contrario, tiene menos deuda que cuando llegamos”. Ya que habló de la reestructura de la deuda de la paraestatal, y reconoció que tiene un elevado nivel de deuda. Además, señaló que, a partir de este año, el gobierno estableció una línea de presupuesto, por 170 mil millones de pesos, que nunca había existido, para el pago de amortizaciones; y que la reestructura de la tomará años por ser prácticamente insostenible.
Esta consecuencia inmediata de los mercados ante la nueva realidad mexicana es solo el inicio de lo que posiblemente podrá pasar en el mediano y largo plazo de seguir la ruta que ha definido López Obrador, y que hoy tiene el respaldo coincidente de la presidenta electa, que ha retomado en su proyecto denominado “Los 100 Pasos para la Transformación”, la visión del titular del ejecutivo.
Lo grave del inicio de la próxima legislatura es que con la mayoría alcanzada de los partidos del oficialismo tendrán la capacidad sobrada para aprobar o modificar lo que hasta hoy es inconstitucional, o en su caso cambiar la Constitución; podrán incluso llevar a la agenda legislativa la reelección presidencial, y la posibilidad de que un expresidente pueda ser nuevamente electo; y será también el primer paso para el cambio a un régimen unipersonal y prácticamente autoritario.
Ese desmedido capital político será utilizado por AMLO en el primer mes del próximo período de sesiones del Congreso de la Unión, para impulsar en primera instancia la reforma judicial y cambiar lo que a él no le guste de la Constitución. Su capacidad destructiva encontró al fin el servilismo legislativo que buscó durante todo el sexenio.
Al menos es lo que ha dejado ver el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, que ya dio a conocer que en septiembre en cuanto se instale la próxima legislatura, aprobarán las peligrosas reformas constitucionales promovidas por el presidente en febrero pasado, siendo esta la fecha determinando para iniciar con la destrucción de las instituciones que han funcionado como contrapesos del poder del presidente y que dan garantía del control y equilibrio del ejercicio del gobierno.
La administración de Claudia, iniciara con la rúbrica de López Obrador en 18 reformas constitucionales, que contienen un total de 54 iniciativas que darán como resultado 54 modificaciones a diferentes apartados de la Constitución; y que en unos meses se traducirán en la elección por votación universal a los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, que serán puestos y promovidos directamente por Morena, para cuidar y proteger sus intereses, preponderando su lealtad al partido y no a la Constitución, ni a las leyes; lo que pondrá fin a la independencia del Poder Judicial, y será también el inicio del fin del estado de derecho.
Y en el caso probable de que no se diera, simple y sencillamente la Corte ya no tendrá los votos necesarios para declarar una ley inconstitucional, y los cambios realizados, , entrarán en vigor, pues el 1 de diciembre habrá un nuevo ministro de la Corte que sustituirá a Luis María Aguilar, y sin dudarlo será afín a la 4T.
AMLO concretará también su reforma electoral para eliminar 200 diputados federales y 64 senadores, lo que le dará el control y la representación total a su partido y a sus aliados, poniendo fin a la pluralidad; en otras palabras, desaparecerá la representación de la oposición. Además, el órgano electoral, el INE, será transformado, dependerá directamente del gobierno federal y sus integrantes serán también electos mediante el voto.
En materia de seguridad, la Guardia Nacional, será una fuerza policial de carácter permanente y adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y no menos importantes pero el proyecto de reformas obradoristas reanimaran los conflictos judiciales por la reforma al sector eléctrico; impulsarán cambios radicales en el sistema de fondos para el retiro; se destinarán muchísimos más recursos para sostener la deuda y las operaciones de PEMEX; y generarían un déficit fiscal; que en su conjunto generarán inestabilidad económica en el país.
Esta inestabilidad económica, de forma mediática provocará desconfianza en los inversores extranjeros, debido a la percepción negativa del país al no permitir inversiones en energías renovables y proyectos sustentables. Mientras que el desmedido incremento al gasto público, la ampliación de programas sociales y la intervención del estado en sectores estratégicos, incrementan los riesgos de una inflación desmedida.
Otros organismos que desaparecerán con el “Plan C”, que el presidente ha calificado como un capricho neoliberal, son el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos; el Federal de Telecomunicaciones; y las comisiones Federal de Competencia, Reguladora de Energía y la Nacional de Hidrocarburos; pero su desaparición conlleva trasladar al Ejecutivo sus facultades para ejercerlas discrecionalmente y sin contrapesos para concentrar aún más el poder.
La tendencia de riesgos continuará con efectos económicos adversos de manera inmediata como reacción a la postura del oficialismo. Este jueves, después del anuncio y la confirmación de la agenda legislativa de la 4T, el peso cerró con una depreciación de 2.71% en un solo día, o el equivalente 47.5 centavos, cotizando alrededor de 17.99 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17.4466 y un máximo de 18.0072 pesos por dólar.
Por tanto la estabilidad económica dependerá del manejo de las reformas y de la existencia o inexistencia de las instituciones democráticas, además de la protección y garantía de los derechos de los mexicanos. En consecuencia, a esos anuncios o acciones se verá la respuesta en los mercados.
La simple declaración del presidente en la mañanera del 7 de junio, en el que confirmó e insistió en que el Poder Judicial debe ser reformado por completo debido a que está “tomado” por los “intereses de una minoría”; seguirán manteniendo al peso mexicano en un limbo de incertidumbre e incrementa los episodios de volatilidad financiera.
La radicalización del gobierno puede ser la constante que determinará el avance de la próxima administración, que además ya ha sido una característica del actual gobierno, identificada principalmente por el desprecio por la democracia y por la ley. Sin importar el grado, los cambios en el sistema mexicano son inminentes, y en algún momento dependerán única y exclusivamente de la titular del ejecutivo federal.
