La inseguridad en México no es una novedad, pero su persistencia y su creciente sofisticación deben movernos hoy a una reflexión profunda y, sobre todo, a la acción decidida. Los recientes asesinatos de altos funcionarios en la Ciudad de México han vuelto a estremecer al país. No son simples estadísticas ni hechos aislados, son señales claras de un fenómeno que amenaza con erosionar el tejido institucional y social de nuestro país.
La violencia que brota de la pugna entre cárteles del crimen organizado por el control territorial ha dejado una estela de miedo, impunidad y muerte. Las balas no distinguen entre edades, géneros o ideologías; su único objetivo es el dominio. Sin embargo, en medio de esta dolorosa realidad, también hay señales que deben ser reconocidas, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha asumido la tarea de contener esta ola con un enfoque más estructurado, más técnico, más abierto al diálogo y a la colaboración entre niveles de gobierno.
A diferencia de lo ocurrido en el sexenio anterior, donde a menudo prevalecía la estrategia de la inacción disfrazada de pacificación, hoy vemos mayores esfuerzos por parte del estado mexicano para retomar el control de zonas que por años estuvieron bajo dominio criminal. Hoy trasciende el intento por profesionalizar a las fuerzas policiales, se ha fortalecido el sistema de inteligencia, y se han emprendido acciones de coordinación más eficientes entre federación, estados y municipios. Sin embargo, el tamaño del problema exige todavía más.
Hay estados y regiones del país, como Coahuila, donde se ha logrado mantener una estabilidad envidiable. Este estado ha demostrado que, con planeación, voluntad política y trabajo coordinado, sí es posible contener el avance del crimen organizado. Coahuila, que hace años era sinónimo de violencia, hoy es un ejemplo de cómo el fortalecimiento institucional y la inversión en seguridad pueden dar frutos duraderos. Pero este tipo de logros deben replicarse, fortalecerse y conectarse en una red nacional de seguridad que no deje a ningún estado a merced del crimen.
Es aquí donde debemos tener la madurez política y la responsabilidad moral de abrirnos a una colaboración más decidida con países que comparten nuestras preocupaciones. Estados Unidos no es solo nuestro principal socio comercial, también es un actor central en la dinámica del narcotráfico, tanto por el consumo de drogas como por el tráfico de armas que nutre a los grupos delictivos en México. Esta realidad nos obliga a replantear nuestra cooperación bilateral en materia de seguridad.
La idea de que aceptar ayuda internacional equivale a ceder soberanía es una visión anacrónica. México ha mantenido históricamente una relación de colaboración con Estados Unidos en diversos temas, incluyendo la seguridad. Lo que se plantea hoy no es una intromisión extranjera, sino una cooperación más robusta, más abierta y más estratégica que permita compartir inteligencia, tecnología y tácticas operativas.
Imaginar una red binacional que combine tecnología de punta, operaciones conjuntas, capacitación especializada y control fronterizo más eficaz no es una fantasía. Es una necesidad. Esta cooperación podría permitir desmantelar redes criminales con presencia en ambos países, atacar el lavado de dinero, y cortar las rutas del tráfico de armas que tantas muertes provocan en nuestras calles.
Pero esta estrategia no puede limitarse al ámbito militar o policial. Combatir el crimen organizado implica también atacar las raíces que lo alimentan, la pobreza estructural, la exclusión social, la falta de acceso a educación y la urgente necesidad de tener empleos dignos. En muchas comunidades, el narcotráfico no solo recluta a jóvenes, les ofrece lo que el Estado aún no ha podido garantizarles. Por eso, un verdadero plan de pacificación nacional debe ser, antes que nada, un proyecto de justicia social.
Es imprescindible consolidar políticas públicas que combinen la inversión en seguridad con programas de desarrollo comunitario, apoyo a madres jefas de familia, becas educativas, infraestructura básica, salud y acceso a la cultura. Construir paz también es dar esperanza, pero no la que surge desde una promesa hueca, sino la esperanza que nace del desarrollo humano.
Esto implica también revisar a fondo el sistema judicial y su capacidad de respuesta. No basta con detener delincuentes si los procesos penales son ineficientes o vulnerables a la corrupción. La impunidad sigue siendo uno de los mayores obstáculos en la lucha contra el crimen, y su erradicación requiere una transformación profunda en ministerios públicos, jueces y fiscales.
Además, la participación ciudadana debe fortalecerse como herramienta de vigilancia, denuncia y prevención. El fortalecimiento de redes vecinales, la educación en legalidad desde las escuelas y una comunicación institucional transparente pueden convertirse en pilares fundamentales de una cultura de paz. Porque sin la ciudadanía, ninguna estrategia será sostenible.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha mostrado sorprendentemente sensibilidad ante esta visión integral del problema. Su gobierno ha dado señales de estar impulsado medidas orientadas al combate frontal, y a una política social que atienda a los sectores más vulnerables. Pero lo que se ha hecho debe profundizarse y acelerarse. No hay tiempo que perder.
El crimen no se detiene. Avanza, muta, se organiza, y si el Estado no hace lo mismo, si no se adapta, si no se fortalece, si no se abre a la colaboración nacional e internacional, perderemos la batalla más importante de todas, la de la confianza ciudadana.
Por eso, este llamado no es solo para el gobierno federal, sino también para los gobiernos estatales y municipales, para el Congreso, para la sociedad civil, para los medios de comunicación, para el sector empresarial. Todos tenemos una responsabilidad. La seguridad no es solo una meta gubernamental, es una causa nacional. Y ante ella, la unidad no es una opción, es una obligación.
Nuestro país se encuentra ante una encrucijada. Puede elegir continuar con esfuerzos parciales, aislados, desconectados entre sí y sin una visión de largo plazo. O puede decidirse por una estrategia nacional, con visión internacional, que combine la fuerza con la inteligencia, la acción con la justicia, la seguridad con la dignidad humana.
México no merece seguir viviendo con miedo. No puede seguir enterrando a sus jóvenes ni viendo a sus comunidades atrapadas entre balas. Es hora de reconstruir el pacto social desde la base, desde el territorio, con valentía, con humildad, con solidaridad, y sí, también con aliados. Porque en la lucha contra el crimen organizado, la soberanía no se mide por el aislamiento, sino por la capacidad de proteger a nuestra gente. Y en eso, estamos todos llamados a participar.
