Desde la instalación del primer Congreso coahuilense en 1824 hasta el inicio de la 63 Legislatura, ninguna mujer había presidido la Junta de Gobierno. El 2 de enero de 2024 esa inercia se rompió, la diputada Luz Elena Morales Núñez asumió la conducción política del Congreso del Estado, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo en 200 años de historia institucional.
El dato trasciende lo simbólico. En el registro histórico del Congreso estatal poco más de 120 mujeres han sido diputadas frente a más de 900 hombres. La brecha de representación no solo era numérica, era estructural. La llegada de Luz Elena a la presidencia no es un gesto protocolario; es un punto de inflexión en la arquitectura del poder local y en la narrativa política de Coahuila. Se trata de un hecho que modifica la línea histórica del Congreso y redefine el estándar de representación en la vida pública estatal.
Asumir la Junta de Gobierno implica mucho más que presidir sesiones. Es el órgano que define la agenda legislativa, articula mayorías parlamentarias, conduce negociaciones políticas, coordina comisiones y representa al Congreso ante otros poderes. La responsabilidad es estratégica, sostener equilibrio interno, ordenar prioridades y garantizar gobernabilidad. Desde ese espacio se construyen acuerdos y se procesan diferencias.
En las instalaciones de Canacintra Saltillo, ante cientos de familias, liderazgos sociales y representantes de los tres poderes, la diputada presentó su Segundo Informe Legislativo. El gobernador Manolo Jiménez Salinas; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Mery Ayup; el alcalde Javier Díaz González; legisladoras, legisladores y dirigentes partidistas acompañaron el acto. La escena reflejaba coordinación institucional más que formalidad protocolaria. El mensaje político fue evidente, estabilidad mediante trabajo conjunto.
Luz Elena estructuró su informe en tres ejes: trabajo en equipo entre los poderes del Estado y municipios; legislación con enfoque en las familias; y presencia permanente en territorio. La narrativa fue clara, el Congreso no puede limitarse a producir leyes, debe ser un actor activo en la estabilidad y el desarrollo del estado. La legitimidad legislativa se fortalece cuando existe cercanía con la ciudadanía y coordinación interinstitucional.
En materia de seguridad, destacó la aprobación de un presupuesto histórico destinado a fortalecer corporaciones, equipamiento e infraestructura. Subrayó la armonización del delito de extorsión y la actualización de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública para robustecer facultades preventivas. En un contexto nacional donde la inseguridad debilita instituciones, el mensaje fue posicionar a Coahuila como entidad que privilegia coordinación y marco legal sólido, con una visión preventiva y de fortalecimiento institucional sostenido.
En el ámbito judicial, el Congreso aprobó reformas orientadas a garantizar una transición ordenada en el Poder Judicial y tomó protesta a magistradas, magistrados y personas juzgadoras electas. La intención es preservar certeza jurídica, continuidad institucional y respeto al equilibrio de poderes. La estabilidad no es discurso, es diseño normativo y cumplimiento constitucional.
En materia electoral, la legislatura impulsó una reforma construida mediante diálogo técnico con especialistas y actores políticos. Se establecieron campañas más breves, medidas para fortalecer la equidad en la competencia, la restricción para que deudores alimentarios accedan a candidaturas y previsiones de representación para grupos vulnerables. La apuesta es por reglas claras, procesos funcionales y mayor confianza ciudadana en la competencia democrática.
El eje familiar ocupó un lugar central. Morales enfatizó que cada reforma debe traducirse en impacto concreto. Se aprobaron modificaciones para fortalecer la atención a la salud mental con enfoque preventivo y sin estigmas, así como disposiciones para combatir la violencia digital y proteger a niñas, niños y mujeres frente a nuevas formas de agresión. La agenda social fue presentada como responsabilidad compartida entre instituciones.
También destacó acciones para reconocer derechos de personas adultas mayores y fortalecer políticas de atención a adicciones en coordinación con seguridad, salud y DIF. La visión es integral, la política pública no puede fragmentarse ni dispersarse, requiere articulación permanente y seguimiento institucional.
En materia ambiental, el Congreso reformó el Código Penal para sancionar con mayor severidad la provocación de incendios en zonas urbanas y reforzar medidas preventivas ante incendios forestales. La prevención ambiental dejó de ser complementaria para convertirse en eje estratégico ante riesgos crecientes.
El gobernador Manolo Jiménez reconoció el trabajo legislativo y subrayó que la coordinación entre poderes es uno de los activos políticos del estado. En un entorno nacional caracterizado por confrontación y polarización, Coahuila proyecta un modelo distinto, acuerdos institucionales como herramienta de estabilidad y continuidad.
Más allá del plano normativo, la legisladora destacó la gestión territorial. En el Distrito 13 mantiene una casa de gestión con servicios psicológicos, médicos y jurídicos, además de entrega de medicamentos gratuitos o a bajo costo. Se han realizado brigadas comunitarias con apoyos funcionales, lentes y actividades culturales. La estrategia combina representación política con atención directa, integrando legislación y gestión social.
El significado histórico de su presidencia no debe analizarse en aislamiento. Coincide con una etapa donde la participación femenina en la política estatal ha aumentado de forma sostenida. La integración de la 63 Legislatura refleja mayor presencia de mujeres en órganos de conducción, lo que modifica dinámicas tradicionales y consolida un proceso gradual de transformación institucional.
Sin embargo, el reto no es únicamente simbólico. Conducir el Congreso implica administrar tiempos políticos, coordinar agendas diversas y sostener acuerdos en contextos cambiantes. La evaluación de su liderazgo dependerá de la capacidad de mantener equilibrio entre autonomía legislativa y coordinación institucional, así como de traducir reformas en resultados verificables.
El Segundo Informe Legislativo fue también una reafirmación del modelo coahuilense de gobernabilidad, estabilidad, coordinación y continuidad. No es menor que el acto haya reunido a los tres poderes en un mismo espacio, enviando un mensaje de cohesión institucional y diálogo permanente.
A dos años de asumir la presidencia, el balance presentado combina hecho histórico, producción legislativa y gestión social. El precedente de género ya está inscrito en la historia política del estado. La responsabilidad ahora es sostener resultados, fortalecer la institucionalidad y consolidar un Congreso eficaz, profesional y cercano a la ciudadanía.
La conducción del Congreso en el contexto actual implica también administrar expectativas públicas y responder a una ciudadanía cada vez más informada y exigente. La dinámica legislativa dejó de ser un proceso distante para convertirse en un ejercicio observado y evaluado en tiempo real, donde la capacidad de diálogo y la transparencia adquieren un peso determinante. En ese escenario, el papel de la presidencia de la Junta de Gobierno se vuelve clave para garantizar que el trabajo parlamentario mantenga rumbo, coherencia y capacidad de respuesta.
El modelo político de Coahuila se ha caracterizado en los últimos años por privilegiar la estabilidad institucional frente a escenarios de incertidumbre que se observan en otras entidades del país. En ese marco, la coordinación entre poderes ha sido un factor que permite avanzar en reformas sin rupturas ni confrontaciones prolongadas. El Congreso, bajo la conducción de Morales, ha operado dentro de esa lógica de equilibrio, donde la negociación política se convierte en instrumento de gobernabilidad.
El informe legislativo también permitió observar la consolidación de un estilo de conducción que apuesta por la interlocución constante. Diversos actores políticos coincidieron en que el diálogo ha sido un elemento central para procesar agendas diversas y construir consensos en temas sensibles. La política parlamentaria, en este sentido, se ejerce no solo desde el pleno, sino en el trabajo cotidiano de construcción de acuerdos.
Otro aspecto relevante es la dimensión institucional del Congreso como espacio de contrapeso. Si bien la coordinación con el Ejecutivo es un rasgo distintivo del modelo estatal, la función legislativa mantiene la responsabilidad de revisar, ajustar y fortalecer el marco normativo. El equilibrio entre colaboración y autonomía constituye uno de los desafíos permanentes de cualquier legislatura.
En el plano simbólico, la presencia de una mujer al frente del Poder Legislativo adquiere una lectura que trasciende coyunturas. Representa un mensaje sobre la evolución de las estructuras políticas y sobre la apertura de espacios que históricamente estuvieron restringidos. Este cambio no solo modifica percepciones, también establece referentes para nuevas generaciones que observan en la política un campo posible de participación.
El ejercicio de rendición de cuentas que representa un informe legislativo permite dimensionar no sólo logros, sino también retos pendientes. La agenda pública continúa marcada por demandas en materia de seguridad, desarrollo social, crecimiento económico y fortalecimiento institucional. La conducción del Congreso implica mantener capacidad de adaptación frente a estos desafíos y asegurar que el trabajo parlamentario responda a las prioridades colectivas.
El liderazgo político no se define únicamente por la ocupación de un cargo, sino por la capacidad de generar condiciones de diálogo y continuidad institucional. En este sentido, la presidencia de la Junta de Gobierno implica una responsabilidad que va más allá de la administración legislativa, supone conducir procesos, articular visiones y mantener estabilidad en un entorno dinámico.
De cara al futuro inmediato, el Congreso enfrenta el desafío de profundizar su agenda legislativa y fortalecer su vínculo con la ciudadanía. La construcción de leyes eficaces requiere no solo técnica jurídica, sino también sensibilidad social y capacidad de escuchar. La legitimidad del Poder Legislativo se consolida cuando sus decisiones reflejan necesidades reales y generan resultados visibles.
El momento político que vive Coahuila muestra la importancia de contar con instituciones sólidas y con liderazgos capaces de sostener acuerdos en contextos cambiantes. El informe de Luz Elena Morales Núñez se inscribe en esa lógica de continuidad institucional, donde el ejercicio del poder se concibe como responsabilidad pública y no únicamente como función formal.
