Durante toda la campaña presidencial del 2018, López Obrador sustentaba su discurso contra la corrupción en que en su gobierno no habría “amiguismo, nepotismo e influyentismo”, e incluso el 1 de diciembre de 2018 cuando asumió la presidencia lo afirmó como un compromiso personal y de gobierno. Hoy, el presidente insiste en que su administración se distingue por tener tolerancia cero a la corrupción, pero sus acciones y las de sus cercanos dicen lo contrario.
Cuando se cuestiona al presidente por algún posible acto de corrupción en su gobierno, fiel a su método, en el que lo que importa es su discurso y no lo hechos, la realidad, ni las evidencias, vanamente responde que “ya no hay corrupción tolerada desde arriba”; y cuando los casos son inevitablemente innegables, simplemente dice que las anteriores administraciones neoliberales son las responsables de esos males. Mientras que los aventurados que se atreven a indagar y documentar con pruebas los escándalos del sexenio, simplemente se topan con el insulto, la descalificación y la calumnia del propio López Obrador.
Los López, la familia directa del presidente han protagonizado a lo largo del sexenio diversos actos de corrupción que han sido documentados por diversas filtraciones e investigaciones, relacionadas con su hermano, y hasta con sus hijos.
Pío López Obrador. En agosto de 2020, fue exhibido un video grabado en 2015 que mostraba al hermano del presidente recibiendo dinero en efectivo de David León, consultor del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco.
David León admitió la autenticidad de los videos, y el presidente también señaló que el dinero provenía de “contribuciones voluntarias para fortalecer al movimiento”, y además dijo que esas aportaciones eran comparables con las que recibieron los héroes de la Independencia nacional en el siglo XIX. Esto constituye un delito electoral pues se admitió que el efectivo era “aportaciones”, y se determinó que no se habían reportado a la autoridad electoral, por lo tanto, es dinero ilegal. Pero el pasado mes de octubre las autoridades decidieron cerrar la investigación por “carecer de pruebas suficientes”.
Felipa Obrador, prima hermana del presidente, fue señalada por su participación en contratos con Petróleos Mexicanos por más de 465 millones de pesos, contradiciendo en todas las formas y sentidos, la promesa más enfática del presidente, de que ningún familiar suyo haría negocios con su gobierno.
Al día siguiente que fueron dados a conocer los contratos y los documentos, el presidente se burló, insultó, y dijo que Pemex explicaría el caso. Un comunicado oficial confirmó los señalamientos y justificó como “omisiones” el que se hayan otorgado contratos a la prima del presidente y anunció que serán rescindidos. También se documentaron otros contratos que siguen vigentes con el Instituto Mexicano del Petróleo y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado.
Los hijos del presidente se han llevado más de una columna en los periódicos nacionales desde el 2022, cuando se descubrió la llamada “casa gris” en Houston, Texas, residencia del hijo mayor de López Obrador, José Ramón. La “casa gris” vinculó directamente al hijo del presidente con una empresa favorecida con contratos millonarios con Pemex.
En mayo del año pasado, una investigación periodística dio a conocer que el segundo hijo del titular del ejecutivo, Andrés, ha beneficiado directamente a sus amigos con contratos millonarios con constructoras y mobiliario urbano, con gobiernos de Tabasco, Ciudad de México y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y otras dependendencias. El presidente salió en su defensa y aseguró que sus “hijos no son corruptos” y rechazó que se hayan beneficiado con contratos de su gobierno.
El pasado mes de diciembre, a través de “El clan”, título de una investigación del portal de noticias Latinus, se evidenciaron las operaciones realizadas desde el gobierno para beneficiar con contratos de millones de pesos a Amílcar, amigo de Andy López Beltrán. Los primeros días del mes de enero de este año, el mismo portal de noticias, publicó una nueva investigación, denominada “El clan: la red de negocios y de tráfico de influencias operada por Gonzalo “Bobby” López Beltrán en el Tren Maya”, en la cual se reveló que Gonzalo López Beltrán es el operador de una red de negocios y de tráfico de influencias que controla contratos de miles de millones de pesos relacionados con la construcción del Tren Maya.
Recientemente un nuevo reportaje acusa a los hijos de AMLO y a sus cercanos de haber vendido medicamentos oncológicos irregulares, señalados por la propia Cofepris con una alerta sanitaria. Este negocio les dejó a los hijos del presidente y sus amigos ganancias de al menos mil 200 millones de pesos.
Además, se ha documentado y exhibido que por lo menos una docena de amigos y cuatro primos de los hijos del presidente, están en la nómina del gobierno federal. Entre ellos están Rodrigo Beltrán, coordinador administrativo en la SEP, responsable de la preparación de licitaciones y Martha Alicia Magdaleno Medina, también prima de los hijos del presidente, que se ha desempeñado como asesora jurídica en Pemex y en la dirección general de la CFE bajo las órdenes directas de Manuel Bartlett.
Los Bartlett. Al asumir la presidencia, Andrés Manuel nombró como director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a Manuel Bartlett, político que ha estado más de una vez involucrado en casos de corrupción. Bartlett incumplió la ley, al ocultar en su declaración ante la Secretaría de Función Pública, 23 residencias y su relación con 13 empresas, que fueron exhibidas en una investigación periodística que evidenció las escrituras y las actas constitutivas de las empresas.
Como era de esperarse, el presidente lo defendió y acusó que todo era parte de un complot, y una conspiración para atacar a su gobierno. No desmintió las acusaciones, porque no tenía forma de hacerlo, pero dejó en claro que su amigo y funcionario era inocente. Pero también su hijo, León Manuel Bartlett, ha sido señalado por recibir contratos millonarios. Durante la pandemia vendió ventiladores a sobreprecio; situación que fue señalada por la asociación “Mexicanos contra la corrupción”, lo que ocasionó que le cancelaran ese contrato. El nepotismo del hijo de Bartlett, va más allá de ese contrato, pues se han señalado otros contactos por 162 millones de pesos con varias dependencias federales, que ya se concretaron o siguen vigentes.
Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, otorgó contratos del Instituto a empresas de su hermano, en plena pandemia, para comprar de forma irregular materiales de protección para el personal médico a una persona no autorizada, y muchos de ellos fueron inservibles. Estos señalamientos no pudieron ser desmentidos, ya que fueron filtrados los contratos, y las actas de las adjudicaciones correspondientes.
En SEGALMEX, ocurrió un desfalcó calificado como el mayor caso de corrupción en la historia de México, en el que se desviaron recursos por un poco más de 12 mil millones de pesos, y hasta ahora no hay un solo detenido. El 18 de enero de 2019 se fundó Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX); el presidente López Obrador designó a Ignacio Ovalle como director de la dependencia; ahí encabezó una red de corrupción, donde Liconsa aparece ligada a la entrega de convenios millonarios al partido Movimiento Ciudadano; así como el otorgamiento de contratos a empresas fachada vinculadas con desarrollos inmobiliarios.
Ignacio Ovalle, el intocable exdirector general de SEGALMEX, autorizó la compra de certificados bursátiles con recursos de la dependencia, y aunque existen pruebas, la Fiscalía General de la República no ha presentado ninguna acusación en su contra. Ovalle, estuvo al frente de la dependencia por 1187 días, en los que se desviaron diariamente 10 millones 785 mil pesos.
La clasificación de temas de “seguridad nacional” asignada por decreto por el propio titular del ejecutivo a sus megaobras, es sinónimo de opacidad y es contrario al autonombrado gobierno “más transparente de la historia”; y es también la estrategia oficial para ocultar la información que evidencia su nivel de avance, contratos y gasto real. Pero carece de fundamento legal, no transparenta procesos y busca evitar amparos, por lo que atenta contra varios derechos humanos. Además de que la construcción de los tres proyectos inició sin los estudios técnicos necesarios para su desarrollo.
En este supuesto se encuentran los megaproyectos del presidente son el Tren Maya, en el sureste mexicano; el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, en el Estado de México; y la refinería de Dos Bocas, en Tabasco; todas ellas calificadas como “el gran error” del gobierno federal. El tren, además del ecocidio que se comete con su construcción, errores en su construcción, y uso de materiales no adecuados, lleva al menos un sobrecosto del 400%, por encima del presupuesto inicialmente asignado. Del aeropuerto, se dijo que costaría en total 70,000 millones de pesos, pero terminó costando alrededor de 90,000 millones, y solo se construyó una parte del proyecto inicial. La refinería triplicó su costo original, tiene a proveedores con antecedentes de corrupción y favoreció a la familia de Roció Nahle, hoy candidata al gobierno de Veracruz. El presupuesto inicial fue de 8 mil millones de dólares, pero según el último reporte anual publicado por Petróleos Mexicanos, el presupuesto para el proyecto es de 15 mil 963 millones de dólares, el doble de lo inicialmente anunciado, y ni siquiera tiene una fecha aproximada para iniciar operaciones.
Rocio Nahle, ex secretaría de energía y cercana al presidente, inició sorteando en su campaña una serie de acusaciones sustentada con datos y documentos sobre el inusual incremento en el patrimonio y las cuentas personales de la familia Nahle Peña, pero los señalamientos han ido incrementándose hasta el nivel de que ya se presentaron denuncias en la Fiscalía General de la República por parte de un empresario de Veracruz, por enriquecimiento inexplicable a partir de que fue titular de Energía del gobierno de López Obrador, y dirigió personalmente la construcción de la refinería de Dos Bocas.
A Nahle se le ha señalado que es propietaria de múltiples propiedades en México y en el extranjero, que cuando han salido a la luz, niega, pero con la exhibición de pruebas, no le ha quedado más que aceptar los señalamientos. Departamentos en San Pedro Garza García, el municipio más rico de México, y cerca de Central Park en Nueva York, otros inmuebles en México, además de la lujosa residencia que habita en Alvarado y que ella afirma que es rentada, por un familiar, que no cuenta con los recursos necesarios para tener esa propiedad.
Su esposo, José Luis Peña, ha realizado operaciones financieras hasta por 100 millones de pesos; y ambos son señalados por incurrir en un ilegal tráfico de influencias al favorecer con contratos a empresas de reciente creación, como el conglomerado Huerta Madre, en el que asociado con la empresa holandesa Van Ord, obtuvieron un contrato por casi 5 mil millones de pesos en una de las primeras etapas de Dos Bocas. El grupo Huerta Madre, propiedad de Manuel Santandreu, compadre del esposo de Nahle, José Luis Peña, se constituyó el 17 de mayo de 2019, tan solo una semana antes de que el gobierno federal le otorgara ese contrato, siendo este el primero de otros más que recibió.
La impunidad, en este y cualquier otro caso de corrupción, será la constante otorgada por la protección del presidente para saquear con total libertad las arcas públicas y realizar sin consecuencia cualquier daño necesario a las finanzas del país. El presidente pasará a la historia como aquel que ha incumplido con su responsabilidad de investigar y sancionar la corrupción.
