Sinaloa, entidad gobernada por el morenista Rubén Rocha Moya, señalado por sus vínculos con el narco, vive una incesable ola de violencia que inició la madrugada del 9 de septiembre, y que ha ido en aumento drásticamente, incrementando en forma desmedida homicidios, enfrentamientos armados, bloqueos y desapariciones. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Seguridad, solamente entre los días del 9 al 24 de septiembre, en Sinaloa se registraron 77 homicidios dolosos.
Los efectos de esta ola de violencia en Sinaloa, se han extendido a Sonora, y esa misma inercia de expansión está ocurriendo en los estados de Baja California, Norte y Sur, Chihuahua y Durango. El 6 de septiembre, días antes de que la violencia estallara en la ciudad de Culiacán, autoridades de los Estados Unidos emitieron una alerta de viaje en 30 de las 32 entidades de la República Mexicana ante los distintos hechos de violencia que se viven en el país. El gobierno estadounidense pidió a sus ciudadanos no viajar a los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, debido a los altos índices de delitos y secuestros que registran, además recomendó a sus viajeros que reconsideren cualquier viaje a Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Sonora y Chiapas.
El incremento de la violencia en el país se ha mantenido con la misma constante desde el inicio de la anterior administración morenista. Casi a la mitad del sexenio, en agosto de 2021, se registraron 285 homicidios, la gran mayoría en los estados de Guanajuato, Zacatecas, Baja California, Chihuahua, Sonora, Michoacán y Colima, considerados a mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador como las entidades con mayor violencia en el país, además del Estado de México, Jalisco, Veracruz y la Ciudad de México.
Datos oficiales señalan que entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2024, la anterior administración acumuló un total de 199 mil 619 asesinatos, de los cuales, 5227 se tratan de feminicidios. En este periodo de tiempo, el año 2020 fue el más violento durante la administración del ex presidente López Obrador, con un total de 36 mil 773 personas asesinadas.
Y este nuevo sexenio, el de la presidenta Claudia Sheinbaum, la tendencia se mantiene, pues en sus primeros 15 días de gobierno, se han registrado 1183 homicidios dolosos en el país, 21.5% más que en ese mismo periodo de octubre, el año pasado, de acuerdo a datos obtenidos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Solamente en los primeros tres primeros días de gobierno, hubo 262 asesinatos, el 1 de octubre, día que tomó protesta Sheinbaum, se registraron 80; un día después, el 2, 85; y el 3 de octubre la cifra subió a 97.
Estos resultados son consecuencia de la estrategia conocida como “abrazos y no balazos” que fue implementada por el gobierno de la Cuarta Transformación, pero que extrañamente ya no forma parte de la narrativa diaria de la presidenta. Lo que sí forma parte de la narrativa de la titular del ejecutivo es el culpar y señalar al gobierno de Estados Unidos por los operativos que ha realizado en México, “el expresidente López Obrador ya lo dijo muy claramente: Estados Unidos tiene una responsabilidad en lo que está ocurriendo en México. No podemos ignorar que esta violencia tiene un origen y ese origen es la falta de coordinación y la falta de información sobre los operativos”.
La estrategia de seguridad de la 4T, incluye la participación y control total de la seguridad por parte de la Guardia Nacional, aunque ellos mismos han reconocido que en casos como el reciente en Sinaloa “No depende de nosotros, depende de los grupos antagónicos, que dejen de hacer su confrontación entre ellos dejando a la población en paz para que vivan en tranquilidad”.
Bajo la lógica del gobierno federal, los gobernadores y gobernadoras morenistas han responsabilizado a militares en las labores de seguridad pública de los estados. Pero de acuerdo a informes de la organización México Evalúa, en el que se analiza la participación de los militares en estas tareas, se ha observado que las entidades con secretarios de seguridad provenientes de las Fuerzas Armadas tienen mayores tasas de homicidios en comparación a las encabezadas por civiles.
Por su parte la organización Causa en Común ha señalado en su informe “Observatorio de la Guardia Nacional y la militarización en México”, que la Guardia Nacional no ha dado resultados que incidan de manera significativa en la situación de violencia e impunidad; y que su participación en otras tareas ha incrementado el peligro de un mayor número de violaciones a los derechos humanos. Además de que la opacidad que existe en las tareas asignadas a las Fuerzas Armadas, que previamente estaban fuera de su competencia han incrementado los riesgos de corrupción.
Entre este desmedido fenómeno en el que la violencia se ha desbordado alarmantemente, resalta Coahuila, un estado en el que continuamente diferentes células criminales han intentado internarse en el estado y no lo han logrado; debido a los diferentes operativos que realiza la policía estatal en las distintas carreteras, caminos y brechas de ingreso al territorio del estado.
Acciones como esta son parte de la estrategia de seguridad que se ha implementado en Coahuila, y que refleja sus resultados en las estadísticas del INEGI que lo reconocen como uno de los más seguros, gracias a la voluntad política y la acción coordinada de todas las instituciones involucradas. Por lo que la entidad cuenta con estrategias de respuesta rápidas y contundentes para atender los incidentes de violencia, y prevenir la escalada de estos.
Consolidar dicha estrategia es en parte importante por la determinación de la autoridad estatal que asumió la responsabilidad de implementar diversas estrategias de fortalecimiento de las policías locales. Una de ellas, y seguramente la más importante, es la aplicada en el centro de control de confianza que ha servido desde su implementación como un filtro importante para la integración de los cuerpos policiales; la aplicación de recursos de los fondos para seguridad ejercidos por el propio gobierno local, ya que los federales desaparecieron, para equipamiento y sueldos; y la determinación firme de que las policías locales, hagan frente y se coordinen con los esquemas nacionales.
La voluntad y la disponibilidad de Manolo Jiménez, titular del ejecutivo estatal, han permitido la continuidad de la estrategia y su fortalecimiento, ya que el propio Gobernador ha señalado que en Coahuila hay voluntad política de todas las instituciones de trabajar en el tema de seguridad, lo que ha llevado al Estado a tener buenos indicadores. Además, el Gobernador ha instruido a las autoridades estatales y municipales para intensificar los operativos para combatir el narcomenudeo, y la homologación de reglamentos y horarios de venta de alcoholes en los municipios de todo el estado para dichos giros.
En contraste con lo que ocurre en Coahuila, la gran mayoría de los estados padecen del debilitamiento de los mecanismos de control sobre la delincuencia organizada provocados por los efectos de la estrategia nacional de seguridad; instituciones de policía y procuración de justicia gravemente corrompidas y con deficientes o insuficientes medios de control; y la innegable vinculación de autoridades locales con células delictivas y del narcotráfico, hacen imposible la contención del fenómeno de seguridad que padece el país. Y la situación a corto plazo no parece tener solución, debido a que las autoridades de los estados han mostrado una firme resistencia a rectificar o introducir cambios sustanciales en la estrategia de seguridad, solo por la simple cortesía política de empatar sus agendas con la del ejecutivo federal.
La realidad de la agenda de seguridad en México es que la “estrategia” implementada a nivel nacional ha fracasado, y tiene a la población al borde del caos. El fracaso se concentra en la falta de capacidad, estrategia y voluntad en las estructuras de seguridad, inteligencia, policiales y de justicia para combatir el narcotráfico. El gobierno federal ha perdido el control de la situación, y el crimen organizado ha echado raíces como nunca antes y se ha apoderado en gran medida del país.
