Al inicio del actual sexenio, el presidente dejó en claro que la denominada cuarta transformación sería un proyecto de nación transexenal, que buscaba modificar las bases del estado y su estructura institucional, sin importar que en el proceso la constitución fuera violentada. En palabras más claras, Lopez Obrador busca crear un modelo político, social y económico, que fuera muy difícil de modificar ya que estaría construido y resguardado en una necesaria mayoría legislativa para cambiarlo. En diversos momentos lo intentó, pero no lo logró, al no contar él mismo con una mayoría absoluta en el poder legislativo.
El 5 de febrero, el día del aniversario de la Constitución de 1917, el presidente presentó un paquete de reformas constitucionales, 20 para ser exactos, 18 constitucionales y 2 legales; que tienen en común dos características generales, todas y cada una de ellas tienen la única intención de debilitar más la división de poderes y a los organismos autónomos; y la segunda, que son completamente inviables e imposibles, pues el presidente no cuenta con los votos en el Congreso para impulsarlas.
Para lograr sus reformas constitucionales el presidente necesita dos tercios de los votos de los legisladores, 334 en la Cámara de Diputados, pero el lopezobradorismo, a través de Morena y sus aliados, tiene solamente 273 en la cámara baja; en el Senado necesita 85, para lograr la mayoría calificada, ahí Morena y sus aliados solo tienen 71. Su último intento está destinado al fracaso, y su nueva constitución, no podrá ser. La pregunta obligada es, ¿para que las presentó?.
Este paquete de reformas tiene como objetivo mediático únicamente ser el centro del discurso del titular del ejecutivo durante el proceso electoral, para concentrar la atención pública, y ser un distractor para influir directamente en las elecciones a favor de Morena; son un atractivo importante para los votantes, y una peligrosa trampa electoral con la que el presidente va a recorrer el país para hacer campaña, bajo el pretexto de impulsar sus reformas. Y si existiera la posibilidad de que estas se pudieran concretar, solamente estarían favoreciendo al presidente al ampliar sus atribuciones.
La reforma electoral, ya se ha presentado con anterioridad, y pretende la desaparición de los legisladores plurinominales. Pero reducir el número de diputados y senadores facilita al partido en el poder alcanzar la mayoría calificada para hacer cambios en las leyes sin el consenso de la oposición. De igual forma, pretende desaparecer al INE para tener el control de las elecciones, además de que los consejeros del instituto, y los magistrados del Tribunal Electoral sean electos, lo que le permitiría al partido en el poder tener control pleno de los organismos electorales. Aunque se señala a esta reforma como mediata, no podría aplicarse al actual proceso electoral y ponen en riesgo a la democracia.
También se incluye nuevamente la eliminación del fuero presidencial, y otra para que la consulta de revocación de mandato sea vinculatoria con el 30 por ciento de la participación ciudadana; esto puede crear una situación de extraordinaria vulnerabilidad para la presidencia; actualmente el 30 por ciento de esa lista equivale a 29.3 millones, así que bastarían 14.9 millones de votos, para cumplir el 50% más 1, para se fuera el presidente, y que fácilmente se podrían conseguir con minorías manipuladas y movilizadas.
Con la elección directa a través del voto de ministros, magistrados y jueces, el presidente ha pretendido en más de una ocasión la reforma al poder judicial, pero con esto convertiría a los integrantes del Poder Judicial en representantes de los partidos, como es el caso de las ministras que han sido nombradas en este sexenio, que preponderan los intereses de Morena y AMLO por encima de la ley. Además, impulsará la reducción de ministros de la Suprema Corte.
La reforma más innecesaria del presidente es la que propone que se implemente el servicio de trenes de pasajeros, pues no existe ningún impedimento para su existencia y operación. Es más bien un proyecto que solamente necesita recursos económicos y viabilidad financiera, pero con la experiencia del Tren Maya, solo serviría para justificar el desvío de recursos y saqueo a las arcas públicas como el que ya han hecho.
La reforma a las pensiones pretende que cuando un trabajador se jubile, reciba el 100 por ciento del salario que ganaban cuando estaban en activo; pero si esto pudiera concretarse sería una bomba de tiempo; aunque se pretende un fondo de 64,619 millones de pesos, la incertidumbre de dónde provendrán tales recursos, su administración y la cantidad que se requiere para cubrir al 100% las pensiones, seguramente será muy superior, y en el corto plazo será insostenible para la economía mexicana.
Otra reforma es la que se pretende de programas sociales, aunque estas ya existen, para que los adultos mayores mexicanos reciban pensión a partir de los 65 años y no de los 68; además elevar a rango constitucional la universalidad de los apoyos económicos de las personas con discapacidad, así como señalar en la Constitución los derechos de las personas de pueblos indígenas y afrodescendientes; y la prohibición a nivel nacional del maltrato animal. También se pretende elevar a rango constitucional Programas que han resultado un rotundo fracaso como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, y la entrega de becas a jóvenes universitarios.
La reforma al salario mínimo pretende que éste ya no vuelva a bajar, y así evitar que crezca menos que la inflación y propondrá incluir en la Constitución un apartado para establecer un salario mínimo para policías, trabajadores de la educación, personal de enfermería, el Ejército y la Marina. Pero no debemos dejar de lado que un número muy importante de mexicanos trabajan en el sector informal, y una reforma de este tipo no les generará ningún beneficio.
La reforma eléctrica fue nuevamente presentada, aún y cuando la Suprema Corte de Justicia echó atrás la ley que presentó en 2021 al ser inconstitucional, con la que el presidente buscaba un monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, cerraba las puertas a las energías limpias y a la libertad de competencia.
Otra iniciativa que tiene un pasado lleno de obstáculos es con la que busca que la Guardia Nacional deje la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y se pase a la secretaría de la Defensa Nacional, ya que la Suprema Corte la echó abajo al considerarla una medida anticonstitucional, ya que el origen de esta corporación no es militar, sino civil.
La reforma que más preocupación genera y llama la atención es con la que pretende desaparecer los organismos públicos autónomos, que son puente de tránsito que garantizan derechos de los ciudadanos ante el gobierno, y que desde que inició el sexenio han sido blanco de ataques del propio presidente, y ha buscado un sin fin de recursos para dejarlos inoperantes. En ella propone la desaparición de organismos como los institutos Nacional Electoral, Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, y Federal de Telecomunicaciones, CONEVAL, las comisiones Federal de Competencia, Reguladora de Energía y Nacional de Hidrocarburos, y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación; y sus funciones serían trasladadas en su totalidad a secretarías de estado, para volver a centralizar el control de “todo” y hacer más poderoso al titular del ejecutivo. Además la desaparición de algunos órganos autónomos atentan contra el TMEC.
Aunque la austeridad republicana es obligación en el gobierno obradorista, sus funcionarios no la atienden, por lo que convertirla en política de estado implica una reforma al artículo 127 constitucional, que de entrada es más que claro, y contribuye también a establecer los límites entre poderes y sus funcionarios. Pero lo que no menciona el presidente, es que su reforma intenta establecer que sus prestaciones extras no se consideren parte de su salario.
El paquete de reformas, también incluye una que tiene como objetivo prohibir en México el uso de drogas químicas, con la que mágicamente cree se pueden disminuir los niveles de adicción, dejando de lado que este problema ha ido creciendo escandalosamente en el actual sexenio, y hasta la fecha no existe una polìtica de prevención y mucho menos una eficiente contra el problema medular del narcotráfico. y la misma suerte la lleva la intención de prohibir el uso de vapeadores.
La reforma que pretende garantizar salud gratuita con cobertura universal, está destinada a fracasar, ya que las medidas que ha realizado el gobierno de López Obrador, han tenido un efecto totalmente contrario en los sistemas de salud del país, por lo que no se cuenta con una red de apoyo para concretarlo y mucho menos con la infraestructura física que pudiera garantizar, al menos una cobertura mínima..
Las reformas que buscan no otorgar concesiones para minería a cielo abierto y prohibir el fracking para la extracción de hidrocarburos y las de protección a las zonas con escasez de agua y solo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico, antes de intentar llevarlas a la constitución deberían ser objeto de políticas públicas que interactúen con el uso de la tecnología y la sinergía de la visión internacional en estos temas.
El debate legislativo de las reformas mencionadas, está destinado al fracaso; las reformas carecen de viabilidad financiera, no son progresistas y mucho menos democráticas, pero generarán horas de intervenciones en la máxima tribuna del país, que solo servirán para alimentar el discurso de los oportunistas que buscan hacerse del país a través del poder desmedido y unipersonal, disfrazando lo que a simple vista no es otra cosa más que una estrategia electoral que pretende engañar al electorado y fracturar a la oposición.
