La ambiciosa y anunciada reforma al Poder Judicial del Presidente, al fin ha visto una luz de esperanza con la que podrá materializarla en el corto plazo. El obvio y excesivo revanchismo del titular del Ejecutivo es una de las principales motivaciones que buscan entre sus principales objetivos la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, y que los ministros, jueces y magistrados sean elegidos por voto popular.
Hoy, esta una reforma heredada a Claudia y signada por el propio López Obrador como una prioridad de Morena y del próximo gobierno cuando inicie la LXVI legislatura el 1 de septiembre, momento en el que ya no existirá ningún impedimento atribuible a la oposición para aprobar la reforma constitucional con todas y cada una de sus letras, alimentada constantemente por el posicionamiento del Presidente ante el Poder Judicial Federal, denostándolo con innumerables ataques que han incitado el linchamiento público; e innegablemente impulsada después de que la Suprema Corte invalidara varias reformas legales impulsadas por López Obrador debido a su inconstitucionalidad.
Esta reforma propone reducir el número de ministros, para pasar de 11 a 9; reducir el periodo de su encargo de 15 a 12 años; eliminar la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros, y que sus remuneraciones se ajusten al máximo establecido para el presidente. Además, busca que la primera y segunda sala de la SCJN sean eliminadas, y sólo sesione el Pleno. En el caso de la conformación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se reducirá a 5 magistrados, quienes durarán seis años y no cinco como actualmente marca la ley, y serán sustituidos de manera escalonada y no podrá ser electos para un nuevo periodo; asimismo desaparecerá el Consejo de la Judicatura Federal y será suplido por el Tribunal de Disciplina Judicial.
La idea inicial de López Obrador de “purificación”, considera que todos los jueces y magistrados federales deberían de ser elegidos en las urnas, lo que nos da un total de un poco más de 1600 cargos los que tendrían que elegirse. Pero recientemente ha trascendido que el equipo de asesores de Sheinbaum ha sugerido que sólo los ministros de la Suprema Corte, los magistrados del Tribunal Electoral y los jueces del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial fuesen electos, y que el resto de los jueces de distrito y magistrados de circuito se sometan a los procesos establecidos en la carrera judicial.
La propuesta de reforma establece que el primer domingo de junio de 2025 se realice una elección extraordinaria para renovar, por medio del voto, a todos los ministros de la SCJN, a los magistrados de Circuito, a los jueces de Distritos y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Los ministros y magistrados se elegirán a nivel nacional en las elecciones ordinarias a partir de 30 candidaturas paritarias, que serán propuestas por los tres Poderes de la Unión, el Ejecutivo propondrá hasta 10 candidaturas; el Legislativo presentará por mayoría calificada hasta 5 candidaturas por cada Cámara; y el Poder Judicial planteará por mayoría de 6 votos hasta 10 candidaturas a través del Pleno de la Suprema Corte. Los 1,633 Magistrados de Circuito y Jueces de Distritos se elegirán en cada uno de los 32 circuitos judiciales en las elecciones ordinarias a partir de 6 candidaturas paritarias por cargo.
El Instituto Nacional Electoral, será el responsable de organizar la elección, que tendrá una duración de 60 días hábiles; no se permitirá el financiamiento público o privados, pues los candidatos tendrán acceso a tiempo de radio y televisión para difundir sus propuestas y podrán participar en foros de debate organizados por el INE o en espacios gratuitos dispuestos por algún medio de comunicación. pero, ¿el INE tendrá la capacidad y los recursos para dirigir una elección tan grande?
Los requisitos para ser electo Magistrado de Circuito y Juez de Distrito, son, ser ciudadanos mexicanos por nacimiento y en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; tener al menos 35 años cumplidos el día de la elección para magistrado, y 30 para juez; contar el día de la elección con título de licenciado en derecho expedido legalmente y con antigüedad y práctica profesional de cuando menos cinco años en cada caso. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad, y no haber sido titular de alguna Secretaría de Estado, fiscal general de la República, senador, diputados federales, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad durante el año previo al día de su elección.
Pero el punto real va más allá de la simple elección de los encargados de impartir justicia en el país, pues la reforma busca limitar los alcances del Poder Judicial Federal, reduciendo su capacidad de poner límites a actos de autoridad, resoluciones, reformas y leyes que a todas luces son inconstitucionales. Buscando además una reforma ideológica y no técnica, que pondrá en riesgo el principio de separación de poderes, que garantiza ampliamente la existencia de la democracia y el estado de derecho.
La reforma presidencial pretende politizar los órganos judiciales, poniendo en riesgo que la impartición de la justicia sea impartida a capricho visceral de los electores y no en el sentido de la ley. Sin dejar de lado que no habrá manera de garantizar la capacidad técnica de los candidatos.
Claudia Sheinbaum, ha dejado en claro que las indicaciones del Presidente son el eje principal de sus decisiones, y en este sentido consecuente y servil, dio a conocer los resultados de tres encuestas de opinión ciudadana sobre la reforma al Poder Judicial impulsada por López Obrador, resultados y metodología altamente cuestionados, además de carecer de valor jurídico. Morena y dos empresas privadas, encuestaron a no más de 3000 personas, y afirman que más del 80% de los encuestados están de acuerdo en una “transformación” en el Poder Judicial.
Ante esta innegable realidad, vale la pena revisar el caso de Bolivia, que es el único país en el mundo donde los jueces federales son elegidos a través del voto, iniciativa que en su momento fue impulsada por Evo Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo, sustentada en la idea que solo los “poderosos” recibían justicia y el necesario combate a la corrupción. En países como Colombia, Estados Unidos, Francia, Suiza, Perú o Venezuela se eligen a algunas autoridades judiciales locales o municipales, pero no a los integrantes de los altos tribunales, como algunos afirman. Y en el caso de Japón la designación de jueces de la Corte Suprema es ratificada o rechazada mediante el voto.
En 2009, la Constitución Bolivariana introdujo el sistema de elección popular de sus más altos tribunales. El proceso de preselección es llevado a cabo por comisiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Este proceso incluye evaluar los méritos de cada aspirante y realizar entrevistas públicas.
Las comisiones envían a la Asamblea Legislativa el grupo de aspirantes que a su parecer reúne los requisitos exigidos por la legislación para ser electos. El Pleno de la Asamblea, mediante una mayoría de dos terceras partes elige a las personas aspirantes que serán sometidas al voto popular.
En el año 2011, la Asamblea Legislativa seleccionó a 116 aspirantes para 56 puestos, dos aspirantes en promedio para cada uno. Este proceso no fue adecuadamente difundido y no se conocieron las capacidades y la posición jurídica de las personas aspirantes. Lo que tuvo un impacto en la poca participación electoral.
En 2017, fueron 96 aspirantes, pero el número de puestos se redujo de 56 a 26 por una reforma, tres aspirantes por cada posición. En este segundo proceso de elección de jueces, se modificó la legislación para permitir a los medios de comunicación difundir información de las personas aspirantes. El presupuesto asignado para todo el proceso de elección fue aproximadamente de 18 millones de dólares.
De los 26 aspirantes elegidos en 2017, 15 ocupaban cargos en el gobierno del presidente Evo Morales, y 2 de ellos habían sido viceministros. A través de la Asamblea Legislativa el partido gobernante decidió quiénes ocuparían los cargos a elegir, y el voto ciudadano simplemente fue utilizado para legitimar una decisión política previa de la mayoría oficialista.
Desde la primera elección de 2011, cuando se realizaron las primeras elecciones, la reforma constitucional no fue reconocida como exitosa, y fue calificada como un error y un fracaso. Incluso se llegó a hablar de la posibilidad de que las autoridades judiciales suspendieran sus funciones antes de terminar su mandato debido a que la insatisfacción social con el funcionamiento de cortes y tribunales se incrementó desmedidamente.
En la elección de 2011, los principales señalamientos fueron hechos al proceso de preselección en la Asamblea Legislativa, por la falta de evaluación técnica de los méritos profesionales y por ser considerados mayormente los caracteres políticos del proceso y sus participantes, por lo que algunos postulantes eran los menos aptos para los cargos. Además, el Pleno de la Asamblea Legislativa recurrió a la discrecionalidad y a las preferencias del grupo político mayoritario para seleccionar a los candidatos.
En el primer proceso de elección, los votos nulos y en blanco fueron los predominantes, pues tuvieron esa característica casi 60% de los votos emitidos. En el segundo proceso, la suma de votos en blanco y nulos fue del 66%, por lo que podemos deducir que en dos ocasiones el votante que acudió a las urnas rechazó la propuesta oficialista. Restando la anhelada legitimidad que se buscaba en las urnas.
Mediciones oficiales y de percepción, han evidenciado que el sistema de elecciones de jueces no erradicó la intromisión política en el poder judicial, ni el retraso en la administración de justicia, y mucho menos la corrupción, que se asegura, incrementó. Conclusiones Un informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, señala que el proceso de elección provocó una crisis de justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que existía corrupción de los jueces, pues documentó que la única forma de obtener resultados de los jueces electos era mediante la injerencia política, la corrupción y el tráfico de influencias.
Actualmente el proceso de renovación, el tercero después de la reforma, se encuentra congelado y el sistema de justicia en crisis, por la falta de acuerdos y debido a que ningún partido tiene mayoría absoluta en el poder Legislativo.
