La caída de Nicolás Maduro no es únicamente la fractura de un gobierno ni la derrota de una figura política que durante años se asumió como heredera del proyecto chavista. Es la implosión de una narrativa completa. Es la evidencia de que el modelo populista de izquierda que dominó buena parte de América Latina no sólo agotó su legitimidad, sino que terminó exhibiendo su verdadera naturaleza, un sistema que prometió redención social mientras construía estructuras de control, opacidad y corrupción que traicionaron sus propias banderas.
Durante décadas, el discurso se sostuvo sobre una simple división, el “pueblo” contra el “sistema”. Esa fórmula, eficaz para movilizar emociones, ganar elecciones y consolidar identidades políticas, se volvió el núcleo de una maquinaria que, una vez instalada en el poder, dejó de necesitar resultados y comenzó a depender de relatos. El problema no fue el lenguaje de justicia social; el problema fue que ese lenguaje terminó funcionando como coartada para destruir contrapesos, capturar instituciones, normalizar abusos y convertir al estado en patrimonio político.
En Venezuela, el tránsito del chavismo al madurismo fue el tránsito de la retórica al dogma. La promesa de transformación mutó en doctrina incuestionable. La pluralidad se volvió traición. La crítica se convirtió en amenaza. El aparato estatal dejó de ser instrumento de servicio público para transformarse en mecanismo de permanencia. Y cuando un régimen deja de rendir cuentas y empieza a exigir lealtad, la democracia deja de existir, aunque conserve elecciones, símbolos, discursos y una escenografía institucional que pretende simular normalidad.
Ese modelo no necesita eficiencia, necesita fidelidad. No necesita leyes, necesita adhesiones. No necesita instituciones fuertes, necesita estructuras obedientes. Y por eso, a medida que el deterioro se profundiza, el discurso se radicaliza, el poder se centraliza y la represión se normaliza. El populismo no gobierna corrigiendo errores, gobierna ocultándolos. No responde a fallas, las administra. No soluciona crisis, las explica. No acepta responsabilidades, las diluye.
Pero el fenómeno no se limita a la arquitectura del poder. Tiene también una dimensión psicológica, social y cultural. El populismo moldea mentalidades. Instala una lógica binaria donde disentir es traicionar, cuestionar es agredir y pedir cuentas es conspirar. Genera una pedagogía del miedo y una pedagogía de la obediencia. Educa a la ciudadanía no para participar, sino para alinearse. No para exigir, sino para agradecer. No para vigilar al poder, sino para justificarlo.
Con el tiempo, esa pedagogía erosiona incluso la noción de ciudadanía. El ciudadano deja de verse como sujeto de derechos y empieza a verse como beneficiario de favores. La política deja de ser un espacio de construcción colectiva y se convierte en un escenario de recompensas. El voto deja de ser un acto de responsabilidad cívica y se convierte en un gesto de pertenencia emocional. En ese tránsito, la democracia se vacía por dentro sin necesidad de abolirse formalmente.
El colapso venezolano no ocurrió por bloqueos externos ni por conspiraciones abstractas. Ocurrió por decisiones internas, por la captura del Poder Judicial, por la manipulación sistemática de los procesos electorales, por la normalización de la represión, por el uso político de la pobreza, por la conversión del estado en botín, por la sustitución de la ley por la conveniencia. La economía no colapsó por enemigos invisibles; colapsó porque fue subordinada a un proyecto de control. La migración masiva no fue un accidente; fue consecuencia directa. La pobreza no fue un daño colateral; fue resultado de una estructura de poder diseñada para perpetuarse.
Ese derrumbe tiene un efecto dominó. Debilita una de las referencias simbólicas más importantes de la izquierda autoritaria en América Latina. Rompe un espejo en el que otros proyectos políticos se miraban para justificar su propio rumbo. Y deja al descubierto una verdad incómoda, que el proyecto no fracasó por enemigos externos, sino por sus propias decisiones, por sus propios excesos y por la corrupción sistemática que lo acompañó.
La caída de ese espejo obliga a revisar una pregunta incómoda, ¿cuántos gobiernos construyeron su legitimidad mirando ese modelo como referencia?. ¿Cuántos justificaron la concentración de poder, la eliminación de contrapesos y la descalificación de la crítica como “medidas necesarias” en nombre de una transformación que nunca llegó?. El problema no es solo lo que ocurrió en Caracas; es lo que se normalizó en la región.
Aquí emerge otro elemento fundamental, la confusión deliberada entre liderazgo y caudillismo. En muchos países, la figura del gobernante se convirtió en sinónimo del proyecto mismo. El estado dejó de ser una institución y se volvió un rostro. La ley dejó de ser norma y se volvió discurso. La rendición de cuentas dejó de ser obligación y se volvió “ataque”. Cuando el poder se personaliza, la democracia se debilita. Y cuando se debilita, se vuelve vulnerable a pactos opacos, economías criminales y redes paralelas de control.
El impacto de ese colapso se siente más allá de Venezuela. En México, el debate sobre la relación entre política, poder y crimen organizado ha vuelto al centro de la conversación pública. No como un fenómeno aislado, sino como parte de una estructura regional donde el debilitamiento institucional abre espacio a redes paralelas de control, pactos de impunidad y economías criminales que penetran administraciones completas.
La historia reciente mexicana ofrece múltiples ejemplos de cómo el poder político, cuando se ejerce sin contrapesos reales, termina permeado por intereses ilegales, complicidades silenciosas y acuerdos que se justifican bajo discursos de gobernabilidad. Gobernadores y administraciones señaladas por vínculos con organizaciones criminales, territorios capturados por estructuras ilícitas y una constante resistencia a transparentar responsabilidades forman parte de un patrón que no es coyuntural, sino estructural.
No se trata de casos aislados ni de errores individuales. Se trata de una dinámica que emerge cuando el poder se concentra, la rendición de cuentas se debilita y la narrativa sustituye a la legalidad. El populismo comparte un rasgo esencial sin importar su signo ideológico, convierte la política en un ejercicio de identidad y lealtad, no de resultados y responsabilidad. La lealtad sustituye al mérito. El relato reemplaza al dato. La emoción desplaza al derecho. Y en ese terreno fértil, la corrupción deja de ser excepción para convertirse en método.
Cuando el poder deja de rendir cuentas, se vuelve negociable. Y cuando se vuelve negociable, el crimen organizado encuentra condiciones ideales para infiltrar gobiernos, comprar silencios y capturar territorios. No necesita imponer violencia directa; basta con insertarse en estructuras debilitadas, aprovechar la opacidad y moverse dentro de la discrecionalidad institucional.
Lo que ocurrió en Venezuela no es una anomalía histórica. Es una advertencia. Es la demostración de que ningún proyecto que desmonte instituciones, descalifique la crítica y sacralice su propio discurso puede sostenerse sin costo social. La erosión democrática no sucede de golpe; sucede por capas. Primero se relativiza la ley, luego se desacredita a los jueces, después se controla la prensa, más tarde se normaliza la represión y finalmente se institucionaliza el miedo.
En ese contexto, las reacciones de líderes y referentes ideológicos adquieren una dimensión mayor. No son simples opiniones. Son posicionamientos que revelan de qué lado se colocan cuando una dictadura se debilita. Definir la caída de un régimen autoritario como un atentado a la soberanía no es diplomacia, es alineamiento ideológico. No es defensa del derecho internacional, es protección del relato. No es neutralidad, es complicidad discursiva.
Cuando un movimiento político elige defender una narrativa por encima de las víctimas, deja claro que su prioridad no es la libertad, sino la continuidad simbólica de su proyecto. No protege a los pueblos; protege su espejo ideológico. No se indigna por la pobreza, el exilio o la represión; se indigna porque se rompe una referencia.
Eso es lo que hoy queda expuesto en América Latina. No la caída de un hombre, sino la fragilidad de una corriente que confundió justicia social con control, igualdad con obediencia y soberanía con impunidad. La derrota del modelo no es un evento aislado, es una señal de agotamiento histórico.
La región enfrenta hoy una disyuntiva clara. O reconstruye sus instituciones, fortalece la legalidad, devuelve autonomía a los poderes y normaliza la rendición de cuentas, o seguirá transitando ciclos de caudillismo, corrupción y colapsos que empobrecen generaciones completas. No hay atajos. No hay narrativas que sustituyan a la ley. No hay discursos que compensen la falta de instituciones.
La experiencia venezolana es una lección escrita con migraciones, pobreza y miedo. Y México no es ajeno a esa advertencia. La democracia no se pierde con golpes espectaculares; se pierde cuando el poder deja de tener límites.
Hoy, más que nunca, queda claro que el problema no es quién gobierna, sino cómo se gobierna. Y ningún proyecto que necesite silenciar, controlar o relativizar la ley para sostenerse puede llamarse transformación. Eso no es cambio. Es simulación.
Y la simulación, tarde o temprano, siempre se derrumba.
