Editorial
México es un país en el que eventualmente surgen estragos en donde la naturaleza se manifiesta con fuerza, esto pone en riesgo la vida y patrimonio de sus habitantes a lo largo y ancho del territorio nacional. Por temporadas somos vulnerables a terremotos, inundaciones, tsunamis, incendios, etcétera. Estos fenómenos han estado presentes durante toda la historia, no solo de nuestro territorio sino de la humanidad. Hasta ahora no hemos logrado evitarlos solo pronosticarlos con recursos, mecanismos de protección y respuesta y, cuando hay voluntad política o colectiva, prevenirlos.
A pesar de la percepción democrática en México, a lo largo de su historia se han generado instituciones, estrategias y mecanismos que han resultado un aliciente para los problemas a resolver, un ejemplo claro fue el FONDEN. Los desastres naturales constituyen una fuente significativa de riesgo fiscal en países altamente expuestos a catástrofes naturales, presentando pasivos contingentes de considerable magnitud para los Gobiernos de dichos países. La ausencia de mecanismos eficientes de preparación y atención de emergencias y de una adecuada planeación financiera para hacer frente a los desastres puede crear dificultades y demoras en la respuesta, lo que podría agravar las consecuencias en términos de pérdidas humanas y económicas. En estado de emergencia por desastres naturales, los Gobiernos pueden verse obligados a utilizar fondos que habían sido previamente destinados a proyectos fundamentales de desarrollo económico, y esto, en el largo plazo, puede impactar negativamente el proceso de desarrollo y crecimiento económico de los países.
No es un tema en el que solo nuestro territorio se ve inmerso en estos mecanismos y estrategias. Los gobiernos de diferentes países y órdenes están cada vez más conscientes de que ignorar este latente riesgo puede ser más costoso que haberlo ahorrado y prevenido. El importante crecimiento económico en algunos países en desarrollo hace que éstos se enfrenten con pérdidas económicas cada vez más relevantes. Al mismo tiempo, aunque la exposición de la población y de los activos físicos a los desastres sigue en crecimiento, poca atención se dirige a la construcción de una sociedad resiliente ante fenómenos naturales adversos. No es algo nuevo que los aumentos en la frecuencia y magnitud de fenómenos climatológicos extremos que se prevén debido al cambio climático pueden potencialmente agravar la tendencia creciente en las pérdidas económicas causadas por los desastres. Es por todo esto que es de suma urgencia que se le dé un mayor énfasis a la gestión integral del riesgo de desastres que incluya medidas de protección financiera y aseguramiento ante desastres para poder hacer frente a estas tendencias inoportunas.
Fue en a finales de 2020 que el gobierno mexicano tomó la decisión de desaparecer el FONDEN justificando dicha acción por la opacidad, desvío de recursos y corrupción. El entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, informó que el extinto fondo contaba con un presupuesto de 4 mil 911 millones de pesos, sin embargo, tras los huracanes y los sismos de 2017, el fondo había adquirido pasivos por 18 mil millones de pesos, esto lo dejaba con una deuda neta de 13 mil 123 millones de pesos. Precisamente los sucesos de 2017 fueron extremos, de tal forma que ni el fondo ni la deuda del mismo fue suficiente. En ese histórico año en el que la Ciudad de México colapsó ante el temblor, recibió muestras de solidaridad de todas las entidades, asociaciones y ciudadanos organizados para hacerle frente a la tragedia. “El FONDEN hoy no tiene recursos, lo que tiene son deudas, por lo tanto, este fideicomiso no se trata de tomar lo que hay ahí, porque lo que hay son deudas”, terminó de rematar el secretario de hacienda en ese entonces.
En la actualidad, cada temporada de lluvias y cada mes de septiembre nos recuerda que nuestro país está, en gran medida, expuesto a una variedad de fenómenos geológicos e hidrometeorológicos. México está catalogado como uno de los de mayor actividad sísmica en el mundo, experimentando anualmente más de 90 sismos con una magnitud de 4 o más en la escala de Richter. Es aproximadamente el cuarenta por ciento del territorio mexicano y más de una cuarta parte de su población que están expuestos a tormentas, huracanes e inundaciones. Recientemente una investigación hecha por un especialista en tsunamis del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma De México (UNAM) señaló que por cada peso que se invierta por parte de los gobiernos en prevención, se ahorrarían de 6 a 7 pesos en la reconstrucción por un desastre potencial.
Es imposible borrar de la memoria y de nuestra historia los desastres que nos han marcado, como lo fueron los terremotos de 1985 y de 2017 ocurridos coincidentemente el 19 de septiembre. Es importante señalar a nuestros representantes de ambas cámaras que un fondo como este nos dará un respiro en medio de las catástrofes que habremos de sortear. Salvaguardar la vida y patrimonio no solo de las presentes generaciones sino de las futuras es y siempre será una apuesta por el porvenir de México. Hoy por hoy, nuestro fondo ha sido desfondado.
