Pero ¿de qué trata este polémico Plan B de López Obrador? ¿Por qué tanta controversia hasta el día de hoy? Esta iniciativa propone la reestructuración del Instituto Nacional Electoral (INE), trayendo consigo el despido de trabajadores especializados en materia electoral y la remoción anticipada del Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina. Es decir, será despedido después de la publicación en el DOF. Además de esto, se le añade un recorte al INE, mismo que podría cristalizarse tras la reorganización de estructuras a más tardar el 1 de agosto de 2023. Cabe señalar que esta reforma no toca las facultades del INE para la integración del padrón y la lista nominal de electores, pero sí lo someterá a algunas modificaciones en los procesos de organización electoral así como la modificación de fechas de inicio del proceso electoral federal, del tal forma que, de entrar en vigor para el 2024, la elección arrancaría la tercera semana de noviembre del 2023. También contempla la modificación del proceso de cómputo de votos, iniciando a partir de las 18:00 horas del día de la elección lo que haría obsoleto el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). El cierre de cómputos electorales se determina a más tardar el viernes siguiente a las elecciones, cuando anteriormente se iniciaba el miércoles siguiente a los comicios y culminando el jueves.
No obstante, también buscaría “apretar sin ahorcar” al INE con la eliminación de la Junta General Ejecutiva, área donde se determinan las directrices presupuestarias y de criterios de organización electoral. Sustituyéndolo con la creación de la Comisión de Administración representada por cinco consejeros. Asimismo se contempla la extinción del fideicomiso para el pasivo laboral y el de infraestructura inmobiliaria del instituto. Esta propuesta contempla cooptar el presupuesto de este fideicomiso para cubrir posibles indemnizaciones y liquidar a una parte del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN). Actualmente el SPEN integra las Juntas Locales Ejecutivas, que es el órgano del INE en las 32 entidades, así como a los consejos distritales donde hay personal especializado en organización, capacitación y en el Registro Federal de Electores. Este plan también propone que en lugar de 300 consejos distritales solo operen 260 de manera permanente y 40 se agreguen de forma temporal durante las elecciones.
Fue desde aquel 15 de diciembre del 2022, el día que se aprobó dicha reforma, se anticipó que vendría una lluvia de impugnaciones legales en contra de estas modificaciones. También se documentó un último trámite que puso en duda todo el proceso legislativo: El Pleno de la Cámara de Diputados avaló un acuerdo de los partidos políticos autorizando al Senado a remitir lo ya aprobado en el primer dictamen, dejando de lado el entendido de que esto solo ocurriría en la primera sesión ordinaria, es decir, el próximo febrero. Los partidos de la alianza opositora de Va Por México (PAN, PRI y PRD) anticiparon que reaccionarán ante la Corte por acciones de inconstitucionalidad de los líderes nacionales de esos partidos, en el Poder Legislativo con la firma de diputados y senadores y, en última instancia, con una controversia constitucional desde los estados y ayuntamientos. El PRI dejó claro en un comunicado su condena por el atropello antidemocrático enfatizando su intención por desechar dicho plan. El partido Movimiento Ciudadano anunció que solicitará medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de que el procedimiento legislativo se suspenda de manera urgente por los agravios encontrados.
Por otro lado, el grupo parlamentario de Morena se mostró confiado en que la SCJN reconozca las buenas intenciones del Plan B, señalando que este no trastocó la Constitución. El partido Morena valora que se respaldará como mero trámite a mano alzada y por mayoría apenas sesione la Cámara de Senadores. Por el contrario, El PAN insiste en que la minuta debe ser enviada a comisiones y puesta a consideración nuevamente, con lo que se solicitó retirar la llamada cláusula de “vida eterna” y, en caso de que el Pleno decida no eliminar ese apartado y rechace el documento por completo. Es probable que la última palabra la tenga Ricardo Monreal, el coordinador del partido del presidente en el senado, quien al parecer ha mostrado nuevamente su alianza hacia la cuarta transformación al ser considerado parte de las “corcholatas” para el 2024.
Sin duda este controversial plan ha dejado mucho de qué hablar, lo que sí nos queda claro es que los tiempos para una reforma de tal magnitud no debió ser promovida al cierre del sexenio de AMLO, el plan B está plagado de reglas que solo favorece al partido en el poder, debilitando aún más a todo aquel partido que se oponga al régimen. Nuestra democracia es un logro del esfuerzo de todos los mexicanos por tener una mejor calidad de vida, y es necesario preservarla. Nada es tan peligroso como dejar permanecer el poder largo tiempo en un mismo ciudadano. Como dijo Rigoberta Menchú: la democracia no es una meta que se pueda alcanzar para dedicarse después a otros objetivos; es una condición que solo se puede mantener si todo ciudadano la defiende.
