En el actual sexenio, la narrativa del presidente se ha centrado en los “otros datos”, que a través de frases engañosas y afirmaciones falsas tratan de generar desinformación y manipular la realidad. Esta estrategia de simulación ha servido tanto para desacreditar, como para acusar y simular indicadores y cifras falsas pese a que los datos oficiales demuestran lo contrario.
Pero cuando la realidad supera a los dichos falsos, el último recurso de la Cuarta Transformación es la acusación. Como sucedió en el reciente hallazgo de un posible crematorio clandestino en Ciudad de México, que el jefe de gobierno y el mismo presidente calificaron el hecho como un “montaje”, para golpear al gobierno. Y calificó a las madres buscadoras, como “personas que no nos quieren a nosotros y que pertenecen al bloque conservador”, y las acusó, “se trafica con el dolor humano”.
En México, las personas en calidad de desaparecidas son atendidas por Ley General en Materia de Desaparición de 2017, con la que además se creó la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, un órgano especializado, cuyo objetivo es ejercer acciones concretas que permitan dar con paradero de quienes fueron reportados como no localizados.
Esta institución está integrada por alrededor de 250 servidores públicos: un titular, cuatro direcciones generales, 29 direcciones de área, 52 subdirecciones, 120 jefaturas de departamento y 37 apoyos administrativos; pero para el actual gobierno, el personal y sus acciones son insuficientes.
En la administración de López Obrador, en la que él afirma que “No hay más violencia”, desaparece una persona en promedio cada hora. Esta cifra, no es de agrado del titular del ejecutivo, por lo que decidió ajustar la realidad con “otros datos”; por lo que él y su gobierno decidieron reducir la cifra oficial de desaparecidos, con un nuevo censo “confiable” que modifica el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, pero desde su anuncio ha sido cuestionado por las familias de las víctimas y organizaciones civiles.
El pasado mes de diciembre, el gobierno morenista señaló la existencia de solamente 96,738 personas desaparecidas, dato obtenido de su nuevo censo, cifra que contrasta con los 113,565 reportes existentes, previos al mismo mes, y con el reporte de la Comisión Nacional de Búsqueda,
A inicios de marzo de este año, la asociación Data Cívica, publicó una investigación denominada “#VolverADesaparecer”, en la que cita 10,953 nombres de personas desaparecidas que el gobierno de AMLO decidió borrar de los registros.
El principal señalamiento a la mutilación al Censo Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, es que no fue realizado por expertos, si no, que estuvo a cargo de los Siervos de la Nación, que están identificados como funcionarios partidistas, y la responsabilidad directa recayó en la Secretaría del Bienestar, que además ignoró la metodología del Protocolo Homologado de Búsqueda, el subregistro de casos denunciado por especialistas, y no tomó en cuenta a las Comisiones Locales, por lo que la llamada Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada presenta fallas en su implementación y errores en sus resultados.
La Secretaría del Bienestar ha informado que inició el 1º de mayo de 2023, el censo sin ningún protocolo o mecanismo especializado para cada caso; solamente se limitó a realizar una confrontación de la cifra de personas desaparecidas con los registros administrativos de diferentes bases de datos, como los de vacunación de COVID, informes estatales, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Servicio de Administración Tributaria, y del Instituto Nacional de Migración.
Posteriormente implementó una jornada de búsqueda casa por casa, para visitar los posibles domicilios de las personas desaparecidas, en el que los “Servidores de la Nación” a que preguntaban en la vivienda si sigue vigente el reporte de desaparición de una persona que vivía previamente ahí. Según el reporte 4,947 personas asistieron a 111,641 domicilios, y fueron realizadas 86,000 llamadas telefónicas, por un equipo de 150 personas, sin capacitación en derechos humanos.
Otro de los puntos criticados del censo, es que las reglas de ejecución se establecieron nueve meses después de que se empezó a elaborar y 14 días después de que se dieron a conocer los resultados; en ellos que se señala el convenio de colaboración que firmó la Secretaría de Bienestar y la CNB para realizar el censo, y no se menciona a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que tuvo a su cargo un centro telefónico; y posteriormente que la Secretaría recibió de la Comisión Nacional de Búsqueda una lista con los nombres de víctimas y las buscó en sus bases de datos con el objetivo de encontrar indicios útiles y/o nueva información.
Los resultados de las jornadas de búsqueda de la Secretaría del Bienestar, que son la base para reducir el número de desaparecidos, señalan que 3,945 personas fueron encontradas en su domicilio; 4,134 se les localizó con un reporte de defunción; 8,405 ya se les había localizado y se había cerrado la carpeta; 197 se les encontró en un centro penitenciario. Hay un segundo grupo de personas supuestamente fueron ubicadas; 17,843 fueron encontrados en las bases de datos, pero “no se cuenta con prueba de vida”; 26,090 son registros sin datos suficientes para identificar a la persona; y 36,022 cuentan con identidad, pero no se tienen indicios suficientes para realizar una búsqueda. Entre los errores de estos datos, diferentes organizaciones, especialistas y familiares señalan que no son consistentes algunos casos y otros se han borrado, clasificado de forma equivocada o clasificado bajo conceptos que no existen en la ley. Además de que se han identificado registros duplicados y apellidos mal escritos.
En este momento existen en el gobierno federal dos versiones públicas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, las primeras, que se dieron a conocer para agosto de 2023, con datos de la propia Comisión y la nueva versión del presidente, dada a conocer el 14 de diciembre de 2023, y que contienen cifras totalmente distintas. Los datos más allá de contrastar, son resultados no verificados, incongruentes, generados con opacidad, con una gran falta de certeza en la supuesta localización de las personas y que provocan revictimización.
El portal adondevanlosdesaparecidos.org, documenta el caso de Antonio Díaz Valencia, líder comunal de Aquila, que se registró en el nuevo censo presentado el 14 de diciembre en la conferencia matutina del presidente como “persona ubicada”. Él desapareció hace un año junto con el abogado Ricardo Lagunes Gasca, caso que tuvo relevancia internacional por la lucha legal que mantenían contra la empresa Ternium, que opera la mina Las Encinas. Aunque no han sido localizados, ahora el Gobierno federal asegura tener “indicios” sobre el paradero del defensor.
Referente a eso, dice su hijo Keivan Díaz, “El hecho de que a mi papá lo tomen en esa categoría es totalmente mentira porque no hay indicios. ¿Qué significa eso? ¿Hay un carpetazo por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda hacia el caso de mi papá? ¿Qué va a pasar? Genera mucha incertidumbre, da bastante coraje”.
El mismo portal señala que los casos que fueron clasificados como “personas ubicadas”, ”con indicios”, “se requiere información de identidad” y “con identidad sin datos adicionales” y “se busca reportante” se encuentran víctimas que cuentan con resoluciones internacionales en las que se determinó la responsabilidad del estado mexicano en la desaparición, emitidas por los comités contra la Desaparición Forzada y para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas.
La falta de voluntad política del gobierno federal, diálogo y coordinación con los colectivos de búsqueda ha sido también una constante desde que el presidente López Obrador llegó a la presidencia se comprometió con madres y familiares de personas desaparecidas a localizar a su hijos o seres queridos, sin embargo, esto nunca ha ocurrido, aunque ha sido continua la llegado familiar de desaparecidos a Palacio Nacional a solicitar audiencia con el presidente sin tener éxito. De 2021 a enero de 2024, al menos siete madres buscadoras han sido asesinadas.
Esta supuesta estrategia de AMLO solamente busca manipular la cifra de personas desaparecidas, para minimizar la realidad sin buscar una solución a la crisis; además de exhibir de nueva cuenta su ineficiencia y falta de capacidad.
