En política, las alianzas no son declaraciones de principios, son instrumentos de poder. Funcionan o fracasan, no por lo que representan simbólicamente, sino por su capacidad de ordenar el voto, articular estructuras y producir gobernabilidad. Bajo esa lógica debe leerse el mapa de coaliciones que comienza a definirse rumbo a la elección de diputados locales en Coahuila en 2026.
La confirmación de dos bloques, el integrado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Unidad Democrática de Coahuila (UDC), y el conformado por Morena y el Partido del Trabajo (PT), junto con la decisión del Partido Acción Nacional (PAN) de competir en solitario, no es un accidente coyuntural. Es la consecuencia directa de decisiones tomadas en distintos niveles del poder político, con costos y beneficios diferenciados entre lo nacional y lo local.
Coahuila, una vez más, se convierte en un laboratorio donde se exhiben las tensiones entre estrategia nacional, viabilidad territorial y realismo electoral.
Desde 2018, el sistema político mexicano ha transitado hacia una lógica de predominio del oficialismo federal. Morena se consolidó como fuerza hegemónica en amplias regiones del país, desplazando a partidos tradicionales y redefiniendo los equilibrios locales. Sin embargo, Coahuila ha sido, hasta ahora, una excepción persistente.
No porque el estado sea impermeable al cambio, sino porque su estructura política, social y territorial ha operado bajo reglas distintas. El priismo local logró adaptarse a la transición nacional sin perder el control del aparato estatal, manteniendo gobiernos municipales clave, una estructura electoral disciplinada y una narrativa de estabilidad frente al vértigo del cambio.
Esta condición explica por qué Coahuila es hoy el último bastión priista en el país y por qué cada elección intermedia adquiere una relevancia que rebasa lo local. Aquí no solo se eligen diputados, se mide la resistencia de un modelo político frente a la expansión del proyecto nacional de la Cuarta Transformación.
A nivel nacional, las dirigencias de Morena, PT y PVEM han difundido recientemente un comunicado en el que refrendan su compromiso de mantener y profundizar la alianza rumbo a 2027. En él, se subraya la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación, se ratifica el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y se enfatiza la unidad como condición indispensable para sostener un “verdadero Estado de Bienestar”.
El mensaje es inequívoco, cohesión política como valor estratégico y como requisito para la gobernabilidad futura.
Sin embargo, la política real rara vez se comporta como los comunicados oficiales. La unidad nacional convive con conflictos regionales, disputas internas y liderazgos locales que no siempre se alinean con la narrativa central. Coahuila es un ejemplo claro de ello.
El hecho de que el PVEM quede fuera de la alianza con Morena en el estado, en medio de confrontaciones públicas con el PT, revela que la cohesión nacional no elimina las fracturas locales. La alianza Morena–PT en Coahuila es funcional, sí, pero también frágil, suma votos, pero no resuelve del todo la competencia interna por espacios, candidaturas y control territorial.
Desde 2018, Morena ha registrado un crecimiento sostenido en Coahuila. Pasó de ser una fuerza emergente con el 19% de la votación local, a consolidarse como segunda fuerza electoral con más del 31% en 2024. El avance es innegable.
No obstante, el crecimiento electoral no siempre se traduce automáticamente en control político. Morena enfrenta en Coahuila un desafío estructural, convertir votos en organización territorial estable. En muchos distritos, su fortaleza depende aún de coyunturas nacionales, del arrastre presidencial o de alianzas tácticas, más que de una implantación profunda en comunidades y secciones electorales.
La coalición con el PT busca compensar esa debilidad, aportando estructura, cuadros y presencia regional. Pero también introduce tensiones, pues ambos partidos compiten por el mismo espacio político y por liderazgos locales que no siempre responden a una sola lógica.
Del lado del priismo, la alianza con la Unidad Democrática de Coahuila responde a una lógica distinta, la del control territorial y la gobernabilidad local. UDC no es un partido testimonial. Es una fuerza regional con raíces históricas, capaz de movilizar votantes en zonas específicas y de inclinar resultados en elecciones cerradas.
Para el PRI, esta alianza cumple múltiples funciones estratégicas. Le permite amortiguar la ruptura con el PAN, reforzar su presencia en distritos donde la competencia se ha intensificado y enviar una señal de continuidad política en un momento clave del sexenio de Manolo Jiménez.
Para UDC, la coalición representa una reafirmación de su papel como actor decisivo en la política coahuilense. Su decisión de aliarse con el PRI puede leerse como un acto de pragmatismo, anteponer la estabilidad del estado y la viabilidad institucional frente a experimentos electorales que podrían fragmentar el poder local.
La decisión del PAN de competir en solitario en Coahuila es, quizás, la más reveladora de este proceso. Impulsada desde la dirigencia nacional como parte de un relanzamiento ideológico, la ruptura con el PRI busca recuperar identidad y diferenciarse del priismo.
El problema es que la identidad no sustituye a la estructura.
En Coahuila, el PAN atraviesa una debacle prolongada. De ser una fuerza competitiva capaz de disputar la gubernatura en 2017, pasó a convertirse en la cuarta fuerza electoral en menos de una década. Su votación se ha reducido de manera drástica, su presencia territorial se ha erosionado y su capacidad de ganar distritos depende, cada vez más, de alianzas que hoy rechaza.
Competir en solitario puede fortalecer el discurso, pero implica asumir el riesgo de una nueva caída electoral. En una elección donde los márgenes se definen distrito por distrito, la falta de alianzas puede traducirse en irrelevancia legislativa.
Las elecciones intermedias suelen ser subestimadas, pero en realidad funcionan como plebiscitos silenciosos sobre el rumbo de los gobiernos estatales. No se elige al Ejecutivo, pero se evalúa su gestión a través del Congreso.
En Coahuila, la elección de 2026 será leída como un termómetro del gobierno de Manolo Jiménez y como una señal de fortaleza o vulnerabilidad rumbo a la segunda mitad del sexenio. Un Congreso alineado facilita la gobernabilidad; uno fragmentado abriría un periodo de negociación constante y desgaste político.
Por eso, las alianzas no son solo acuerdos electorales, son apuestas por la estabilidad institucional.
La disputa real se dará en los 16 distritos de mayoría. Ocho en Saltillo y Torreón, dos en Monclova y seis en el resto del estado. Ahí se enfrentan estructuras, no discursos.
El PRI parte con ventaja en los principales centros urbanos gracias a su control municipal y a redes territoriales consolidadas. Morena ha avanzado, pero aún enfrenta el reto de sostener su crecimiento sin depender exclusivamente de la coyuntura nacional. El PAN, sin alianzas, se enfrenta al riesgo de quedar marginado en la repartición del poder legislativo.
Lo que ocurra en Coahuila en 2026 tendrá impacto más allá del estado. Para el PRI, es la prueba de que aún puede gobernar y competir en condiciones adversas. Para Morena, es la oportunidad de demostrar que su crecimiento puede traducirse en control legislativo en territorios históricamente priistas. Para el PAN, es una elección definitoria que marcará su viabilidad futura en el norte del país.
Las alianzas no garantizan victorias, pero la falta de ellas sí tiene consecuencias. En Coahuila, donde la política se decide en el territorio y no en el discurso, la elección de 2026 será menos un enfrentamiento ideológico y más una prueba de realismo político.
Y en esa prueba, como suele ocurrir, no ganan quienes dicen lo correcto, sino quienes entienden mejor el terreno que pisan.
