AYOTZINAPA, LA DEUDA DE AMLO

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Pasadas las cinco de la tarde del 26 de septiembre del 2014, un grupo de normalistas salió de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa; se dirigían a Iguala, para hacerse de autobuses con la intención de viajar posteriormente a la Ciudad de México, para participar en la conmemoración del 2 de octubre. Su traslado fue en dos autobuses; al llegar a Iguala, se separaron, unos se quedaron en una caseta de peaje y otros acudieron a la terminal de autobuses local. En la caseta se dio un conflicto entre los estudiantes con choferes y trabajadores, por lo que decidieron moverse a la terminal. Un poco después se retiraron de ahí, con tres autobuses más. 

Tres de los autobuses se dirigieron hacia el norte y dos hacia el sur. Los primeros pasaron por el zócalo de Iguala, donde se realizaba un acto político del alcalde, José Luis Abarca. Allí, policías de Iguala comenzaron a seguir a los tres autobuses, más adelante les cerraron el paso, y empezaron a disparar. Los policías se llevaron a los estudiantes que se encontraban en el último autobús del convoy, se señala que fueron al menos 20.

El primero de los dos autobuses que se dirigieron hacia el sur, se detuvo frente al Palacio de Justicia, donde los policías municipales rompieron los vidrios y lanzaron gases lacrimógenos al interior para obligar a los estudiantes a salir y poder detenerlos, ese fue un grupo al menos 15. El segundo fue detenido antes de ese punto por la Policía Federal, donde bajaron a los jóvenes y algunos huyeron por las calles cercanas. 

Antes de la medianoche, los estudiantes que lograron huir, se reagruparon, y solicitaron ayuda a otros compañeros y maestros de la normal. Convocaron una rueda de prensa, y ya con periodistas presentes, un grupo armado los atacó. Ahí murieron dos estudiantes y otros resultaron heridos. Por la mañana apareció el cuerpo ejecutado de un normalista en un camino cercano.

El domingo 26 de octubre de 2014 en el zócalo capitalino, durante una asamblea informativa convocada por López Obrador,  el eterno candidato se hizo de las causas de los normalistas y se adueñó del caso Ayotzinapa para convertirlo en una más de sus banderas políticas, y expresar continuamente su indignación por lo sucedido,  “No nos acostumbremos a la desdicha, al horror; tiene que haber un antes y un después de estos lamentables hechos en Iguala”, con esas palabras antecedió la renuncia presidente Peña. 

Las huestes del lopezobradorismo, sujetaban sus pancartas, que esta vez tenían mensajes alusivos al caso mencionado, “vivos se los llevaron, vivos los queremos”. En ese mismo sentido, Elena Poniatowska dedicó su discurso entero a los jóvenes desaparecidos, “Pedimos a cielo abierto y en voz alta, regrésenlos”. A partir de ese momento, Andrés Manuel y Morena utilizaron la desaparición de los 43 como un arma electoral contra el gobierno de Peña Nieto.

En mayo de 2018, en plena campaña electoral, López Obrador dijo en Iguala: “el régimen que ha cometido estas atrocidades es el régimen que nosotros estamos combatiendo desde hace muchos años, por eso yo, los puedo ver a la cara”, refiriéndose a las madres y los padres de los desaparecidos.

“Aquí quiero dejar muy claro que tan luego triunfe nuestro movimiento ¡va a haber justicia para los jóvenes de Ayotzinapa!”. Esas palabras solo fueron para usar sus esperanzas como moneda de cambio para comprar llegar al poder, y en nadie cabía la idea de que en algún momento se atacaría a aquellos que alguna vez les prometió justicia. “¡Vamos a transformar a México! Estoy haciendo el compromiso de atender a todos, de escuchar a todos, de respetar a todos…”. En ese entonces hizo el compromiso público de crear una comisión de la verdad en la que serían parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU.

Hasta el 26 de septiembre de 2018, cuatro años después de lo sucedido en Ayotzinapa, López Obrador, presidente electo, se reunió por primera vez cara a cara con los padres de los estudiantes desaparecidos para prometerles justicia. López Obrador asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2018

Hoy, la justicia prometida no existe. El presidente se ha declarado públicamente a favor de los que él alguna vez señaló como responsables, Enrique Peña Nieto y los mandos del ejército, nunca fueron procesados, y ha defendido abiertamente desde el primer día de su gobierno a los miembros de la delincuencia organizada. “No se puede decir que participó el Ejército en la desaparición de los jóvenes, hasta ahora no hay pruebas…”, aseguró el presidente pese a que hay documentos y testimonios que prueban su participación.

Omar Gómez, fue un fiscal especial para el caso Ayotzinapa, apoyado por familiares y abogados de los estudiantes, así como la CIDH, fue acosado y boicoteado por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ya que hizo hallazgos sobre el involucramiento del ejército. Renunció en 2022 y huyó de México ante el temor de represalias por parte del ejército o miembros de la delincuencia organizada; ha señalado que se le impidió que se giraran ordenes de aprehensión contra 20 militares. AMLO lo atacó directamente y realizó una campaña de desprestigio en su contra.

Como presidente, AMLO creó la Comisión de la Verdad, pero nunca fue presidida ni por la ONU ni por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos como prometió. Apenas se dio oportunidad al Grupo de Expertos Independientes de la CIDH fueran consultores externos y terminó atacándolos y obligándolos a irse. “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no actúa con profesionalismo (…) actúan de manera tendenciosa, no son confiables”.

Los familiares de los normalistas no son respetados por el gobierno de López Obrador, tampoco escuchados y mucho menos recibidos para atenderlos; hoy son despreciados y atacados por el presidente, porque ya no le son rentables electoralmente. Durante semanas, los familiares de los estudiantes y sus abogados pidieron ser recibidos por AMLO, pero fueron enviados con un subsecretario de Gobernación, dependencia que asegura que la normal es parte de un movimiento radical vinculado a organizaciones que practican secuestros y que obtienen recursos de manera ilegal.

Indignados, irrumpieron violentamente en Palacio Nacional y rompieron la puerta principal. López Obrador los acusó de estar manipulados, “Es un plan de provocación clarísimo y nosotros no vamos a caer en ninguna provocación”. El hombre que alguna vez los alentó a manifestarse, hoy les pide no abusar durante las manifestaciones que llevan a cabo, “… están en su derecho de manifestarse; sólo que también les hago un llamado a que no abusen”. 

Un nuevo caso relacionado con Ayotzinapa, se dio el pasado 7 de marzo, día en el que fue asesinado de un disparo en la cabeza por elementos de Seguridad Pública estatal de Guerrero, Yanqui Rothan, normalista de Ayotzinapa. Las autoridades del estado gobernado por la morenista Evelin Salgado, relacionada familiarmente con el cártel de los Beltrán Leyva, intentaron culpar al joven, argumentando con falsedades que conducía un vehículo robado y que intentó huir en un retén de seguridad, además, sembraron una pistola en el vehículo. Yanqui participó un día antes en la manifestación en Palacio Nacional. Cuatro días después, el policía que lo asesinó escapó ayudado por una red de apoyo del mismo gobierno de Guerrero.

López Obrador en un inició criminalizó a los estudiantes y culpó a la víctima sin mostrar pruebas. Pero después no tuvo más opción que respaldar la versión de la madre de Yanqui, que afirmó que “los policías los llegaron a golpear y ahí fue cuando le dispararon directamente”. El reconoció al final que fue un “abuso de autoridad”, pues de haberlo negado y apoyado la versión de la gobernadora, surgiría inevitablemente una nueva confrontación con los normalistas de Ayotzinapa, y la situación abonará a la crisis de seguridad en la que está hundido el estado de Guerrero.

El 25 de mayo de 2018 en Iguala López Obrador se escandalizaba por el número de personas asesinadas y desaparecidas en los sexenios de Felice Calderón y Peña Nieto, “Duele mucho decirlo…, son 230 mil homicidios…”, pero solo en su sexenio se han contabilizado casi 175 mil homicidios; las cifras de desaparecidos en los dos sexenios anteriores llegan a los 66 mil, hoy alcanza los 115 mil.  

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