Desde la puesta en marcha del presidente azteca, Andrés Manuel López Obrador, de disminuir al Poder Judicial a través de modificaciones en base al control férreo que posee del Poder Legislativo, aunada a la novela de Nuevo León, armada y desarmada por la irresponsabilidad del Gobernador Samuel García, que no solo puso en riesgo la gobernabilidad de uno de los estados más importantes, sino que dejó entre ver ante el asombro de muchos que poder debería resolver una crisis de autoridad ejecutiva.
Ante ello, vale la pena revisar si está en riesgo la división de poderes. Porque lo que es un hecho, es la perdida de la gobernabilidad. Empezando por el propio presidente López Obrador al violar un día sí y el otro también la ley electoral, y violentando a los otros dos poderes del estado mexicano.
En nuestro país, los políticos han utilizado la ley a su favor. Pero en el actual sexenio, la desvalorizaron al grado de llevarla a lo ridículo.
El mandatario nacional probó las mieles de pasarse por el arco del triunfo un desafuero que fue promovido en su contra siendo Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal en el 2004, al desacatar una orden de no construcción por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante un dictamen emitido que no le fue favorable, lo desobedeció, y el gobierno federal del entonces presidente Vicente Fox Quesada, ante la popularidad que iba en aumento de Obrador, prefirió dar marcha atrás dicho proceso de desafuero.
En aquel entonces, el hoy Gobernador por Sonora, Alfonso Durazo, emanado de Morena, fungía como particular del ex presidente Fox. Y la ahora, ex diputada federal por Morena y militante del mismo partido, Gabriela Cuevas, fue quien, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pero por el Partido Acción Nacional (PAN), pagó una multa de 2 mil pesos ante el Ministerio Público, para que Obrador siguiera su proceso sin estar detenido, para evitar que “López se hiciera la víctima”
Hablar del intento del desafuero a López Obrador no es solo recordar un hecho, sino el inicio del camino de que puedes violentar la ley como objetivo y no pasa nada. En un país donde las instituciones han ido perdiendo su peso.
No es cierto que la Suprema Corte de Justicia devolvió la gobernabilidad a Nuevo León. De serlo así, habría sancionado o emitido una postura por el desacato de Samuel García de no cumplir con los protocolos legales de solicitud de licencia para separarse del cargo, como solicitud de regresar al mismo cargo que ganó a través de las urnas.
Ni todas sus maestrías y doctorados en derecho le permitieron ver al gobernador fosfo fosfo la ruta que iba a transitar al serle otorgada la licencia de separación de cargo por el Congreso Local de Nuevo León. Sí hay una lucha férrea entre ambos poderes locales, pero la ley es la ley, y le otorgaba al poder legislativo el derecho constitucional de elegir al gobernador interino.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación pavimento el camino para no tener dos personas ostentándose por gobernadores, pero no ha sido capaz de sentar un precedente por violentar la ley en esta materia.
La novela de Nuevo León, puede ser el inicio a nivel descaro, de que más gobernadores y alcaldes puedan cometer actos contra la ley, viendo que a pesar del papelón que pudieran enfrentar ante la sociedad, no existe un castigo legal por ellos.
La ruta la mostró López Obrador, y a través de sus mañaneras alentaba a que el camino que seguía Samuel García era el correcto.
Porque si a alguien le conviene el papelón de los demás poderes del estado, es al propio presidente. Claro, es quien desacredita a la Suprema Corte de Justicia cuando falla en su contra. Es quien propone cambios en el legislativo, cuando el plan A no sale a su conveniencia. Es quien usa al poder legislativo para intimidar y disminuir el peso de organismos autónomos como la propia Fiscalía General de la República, y al final del día es quien quiere cambiar e inclusive desaparecer al Instituto Nacional Electoral; quien fue quien salvaguardo su propio triunfo electoral.
Ha sido el formador de violadores de la ley. Es el rector de la Universidad Contra las Instituciones y la Constitución. Porque en su universo no existe una cuarta transformación, ese título solo es de mercadotecnia. Lo que existe es una intervención completa para desajustar el sistema de gobierno mexicano al llevarlo al grado de la ingobernabilidad, e intentar la desaparición de poder a su manera.
Las instituciones no eran las que fallaban en el país. Lo son las personas que lo dirigen, y obedecen a intereses.
López Obrador jamás pudo gobernar en el esquema del viejo PRI que controlaba los poderes e instituciones sin una sola gota de esfuerzo real de llevarle la contra. Añoró por tanto tiempo llegar al poder y ver que en la época moderna no le resultaba tan fácil disponer de los poderes e instituciones a su antojo, que tomó la decisión de destruirlos.
Esa escuela, universidad que ha creado, ha crecido al grado de tener extensiones. Uno de ellos el gobernador norteño emanado de Movimiento Ciudadano. Otra, la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, que, a través de su propio programa de televisión en redes sociales, viola ley compartiendo videos, grabaciones e información que solo le compete a la autoridad judicial, que inclusive compromete los procedimientos y carpetas de investigación abiertas.
Dicho esquema de violentar la ley se extiende al plano electoral, donde el INE y el Tribunal Electoral, no han sido capaces de frenar los ya muy violentados tiempos anticipados de campaña, y no solo por figuras políticas ligadas a la 4T, sino hasta a la propia oposición con disfraces de foros regionales y análisis de un supuesto México mejor.
Vaya, el INE no ni impedido la colación de espectaculares en las 32 entidades federativos con pre candidatos utilizando la imagen del presidente para sus fines políticos con frases como “En la encuesta, Pedrito es la Respuesta”.
Sí, la Suprema Corte de Justicia es lo poco que queda que no ha logrado sucumbir ante los embates del Palacio Nacional. Pero aun así tiene el poder de no permitir violaciones constantes a la ley.
El poder legislativo es puesto por los ciudadanos. Se renueva en los congresos cada 3 años, y en el senado cada seis. Por lo tanto, es de vital importancia que la ciudadanía con el derecho al voto lo razone en realidad.
Lo mismo pasa con el poder ejecutivo. En los estados y en la presidencia de la república debe renovarse cada seis años, y son los ciudadanos quienes eligen y dan autorización a través de su voto a una persona para dirigir por ellos.
La ley es la ley. Y en este país bajo su sistema de gobierno, es conveniente que un poder pueda corregir a otro. Regresando al caso de Nuevo León, la Suprema Corte en un par de días corrigió tanto a Samuel García, como al propio congreso local que intentó colocar como gobernador interino a una persona no elegible.
Estos personajes políticos que a toda vista no creen en la división de poderes al no convenirles en sus intereses. Tienen ese desprecio a la legalidad, de creer que pueden imponerse a lo que está escrito en la ley en torno a cómo se deben llevar a cabo las cosas.
Samuel García es un reflejo de nuestros tiempos. Tiene mucho de López Obradorista, en el desdén por la ley, desafiando a las instituciones ya establecidas. Solo respetan la ley mientras les conviene.
Hoy en día pueden más los berrinches y arrebatos de un presidente, que el verdadero poder las instituciones del país.
