Editorial
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha vuelto a generar controversia con sus críticas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En un mensaje a través de su cuenta de Twitter, el mandatario cuestionó los privilegios que tienen los ministros de la SCJN y sugirió que deberían actuar en función de los principios de austeridad republicana que ha impulsado desde su llegada al poder en 2018. Después lo replicó en su conferencia matutina en Palacio Nacional.
Las críticas de López Obrador a la SCJN no son nuevas. Desde su campaña presidencial, ha sostenido que la justicia en México favorece a las élites y que es necesaria una transformación en profundidad del sistema judicial. Sin embargo, esas críticas han llegado a niveles que algunos consideran peligroso para la autonomía del poder judicial. Esta es fundamental para el funcionamiento de la democracia y el Estado de derecho en México. La SCJN tiene la tarea de revisar las leyes y funcionarios públicos a fin de garantizar que se apeguen a la Constitución y leyes de México. Por tanto, cuestionar los privilegios de los ministros pudiera parecer legítimo, pero es más evidente que el mandatario está tratando de influir en el poder judicial para que las decisiones tomadas ahí le sean favorables.
El papel de López Obrador, como presidente de la República y representante del poder Ejecutivo, es el de garantizar la independencia y equilibrio de los poderes en México. Cosa que desde el inicio de su gestión ha hecho todo lo contrario con tal de acomodar a sus incondicionales, así como para tener más allanado el camino de sus reformas y decisiones. Desde la tribuna de la mañanera como en las redes sociales, el presidente ha desalentado esta autonomía haciendo uso de la politización y una falsa democratización en cualquier tema que a Andrés Manuel le parezca adverso. En este caso solo está erosionando la independencia judicial que tanto ha costado construir en México.
Además, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional de los órganos de control, son necesarias para garantizar la independencia judicial. La propuesta de la creación de una Fiscalía General de la República renovada, implementada desde hace un par de años, es un paso importante en esa dirección. Sin embargo, sigue siendo una tarea pendiente la designación del nuevo Fiscal General por un plazo de nueve años y que en el próximo mes de julio será uno de los temas más importantes en el Congreso. El Fiscal debe ser una figura de alta independencia y capacidad para actuar en beneficio del Estado de derecho y la investigación y persecución del delito. Hasta ahora solo ha sido una extensión más del poder ejecutivo, como en el siglo pasado.
Desde cualquier trinchera se escuchan las voces en defensa del papel de la SCJN como garante de las libertades, los derechos y la justicia en México. Es una de las instituciones más prestigiosas y serias del país y, en estos tiempos de populismo, amenazas y ataques a la independencia judicial, es esencial que la sociedad esté alerta y comprometida con la calidad y los valores democráticos de nuestra justicia.
No obstante, es importante recordar y reconocer que Andrés López Obrador ha sido un presidente popular, elegido tras haberse enfrentado en tres ocasiones a las urnas. Su estilo singular y haciendo creer una cercanía real a la población le ha valido en hacer este tipo de intromisiones. La empatía que hoy goza más un discurso populista perfeccionado ha generado que con facilidad tanto los medios de comunicación, como la oposición y la sociedad civil tengan que lidiar entre el péndulo moralista de la 4T.
La crítica y la fiscalización son acciones y herramientas legales y necesarias para fortalecer la democracia. Sin embargo, también debemos reforzar el sistema de pesos y contrapesos que sustenta nuestra Constitución, en relación con los tres poderes. El equilibrio institucional es clave en una sociedad democrática, y ninguna autoridad debe pretender sobrepasar los límites de su cargo. La independencia judicial es uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho en México, y es necesario protegerla de cualquier tipo de influencia política. ¿Cuál es el problema que un funcionario público ajeno al poder ejecutivo gane más que el presidente? ¿Por qué esta obsesión tan populista ha logrado permanecer casi al cierre de su administración?
En este sentido, la SCJN tiene la responsabilidad de tomar decisiones justas e imparciales, sin importar la presión que puedan recibir desde el gobierno o cualquier otro sector. Los ministros de la SCJN deben ser personas de alta integridad y compromiso ético, con amplio conocimiento y experiencia en el ámbito judicial. El hecho de que reciban un salario alto o ciertos privilegios no debe ser un factor que influya en sus decisiones. Tratar de democratizar directamente el poder judicial es de los temas más perversos propuestos en la administración de la 4T ¿Qué les hace pensar que poniendo en una boleta a un probable ministro pueda mejorar el sistema judicial?
La SCJN no es la única institución que necesita ser fortalecida en México. El sistema judicial en general necesita una profunda reforma, para garantizar el acceso a la justicia de todos los ciudadanos, independientemente de su estatus social o económico. La corrupción y la impunidad en el sistema de justicia son problemas graves que deben ser abordados con firmeza. Eso queda claro, pero una transformación sin el respeto a las leyes y autonomías no es de demócratas. El peligro y la inestabilidad imperan desde el simple hecho de proponerse.
El juicio del presidente López Obrador a los privilegios de la SCJN debe ser analizado con mucho cuidado, para evitar que se convierta en una intromisión en el poder judicial. La independencia judicial es un pilar fundamental de nuestra democracia, y debe ser protegida por encima de cualquier interés político-partidista. La reforma judicial es necesaria, sí, para garantizar el acceso a la justicia y combatir la corrupción e impunidad. La mejora continua de estos mecanismos es necesaria. Esperemos que continúe la prudencia en los Ministros de la SCJN, ante este arranque de enojo que ha tenido el presidente. Ya lo decía Thomas Jefferson, la experiencia ha demostrado que incluso bajo las mejores formas de gobierno, los encargados del poder, con el tiempo y por operaciones lentas, lo han pervertido en tiranía.
