Entre 2016 y 2025, más de 12 mil personas han sido detenidas en México por delitos relacionados con el robo de combustibles. Sin embargo, apenas seis de ellas eran empleados o extrabajadores de Petróleos Mexicanos. Esta cifra, revelada a través de solicitudes de transparencia, expone un preocupante contraste entre la magnitud del delito y la escasa rendición de cuentas al interior de la empresa productiva del Estado.
En la última década, apenas se registró una detención en 2017, dos en 2019, otras dos en 2022 y una más en 2023. Durante 2024 y hasta julio de 2025 no se ha reportado la aprehensión de ningún empleado de Pemex relacionado con este ilícito.
Especialistas en temas de energía y seguridad consideran que estos números reflejan una profunda omisión institucional. A pesar de que Pemex dispone de una línea anónima para denuncias, no se han generado procesos internos contundentes que permitan identificar y sancionar complicidades dentro de la propia empresa. La ausencia de acciones concretas ha permitido, según los analistas, que el huachicol crezca bajo un manto de impunidad.
Leonardo Núñez, director de Investigación Aplicada en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, aseguró que la problemática ha persistido incluso desde el sexenio anterior, cuando el gobierno aseguraba que el huachicol estaba prácticamente erradicado tras haber disminuido en un 95 por ciento.
De acuerdo con Núñez, durante años se trató de minimizar la gravedad del robo de combustibles y se negó su existencia, lo que generó incentivos perversos que alimentaron al crimen organizado. Según el especialista, este delito no solo impacta a Pemex sino que también sirve como fuente de financiamiento para otras actividades ilegales, fortaleciendo a las organizaciones criminales que actualmente enfrenta el Estado mexicano.
La escasa cantidad de trabajadores detenidos, agregó, apunta a una probable filtración de información desde dentro de Pemex y de las instituciones encargadas de combatir el delito. Para Núñez, esto evidencia una red delictiva con ramificaciones internas que permanece activa.
Por acción u omisión, los distintos gobiernos han permitido que este problema crezca hasta los niveles actuales, subrayó.
En un intento por obtener respuestas, El Ahuizote contactó a la dirección general de Pemex para conocer su postura sobre las sospechas de filtración de información interna y la aparente inacción frente al crecimiento del mercado ilegal. Hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.
Un negocio que alimenta al crimen
La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo estima que uno de cada tres litros de combustible que se comercializan en México proviene de fuentes ilícitas. Estas pueden incluir tomas clandestinas, mezclas adulteradas en el país o importaciones ilegales, conocidas como huachicol fiscal.
Este fenómeno representa una carga no solo para Pemex sino también para las finanzas públicas, debido a la evasión fiscal que implica y al fortalecimiento económico de organizaciones delictivas de alto nivel.
Según cifras de la propia empresa, las pérdidas por tomas clandestinas ascienden a 20 mil millones de pesos anuales. Este monto no contempla los daños por mezclas ilegales o importaciones irregulares.
En lo que va de 2025, el gobierno ha intensificado las acciones para combatir el mercado ilícito. Se han realizado operativos en distintas regiones, incluyendo la incautación de embarcaciones cargadas con gasolina en los puertos de Tampico y Ensenada, el hallazgo de una minirefinería en Veracruz y la confiscación de 129 carrotanques con combustible robado.
Corrupción bajo la lupa
El pasado viernes, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, informó que el gobierno federal reabrirá cinco auditorías a cuatro contratos de Pemex, luego de una denuncia del gobierno de Estados Unidos que señala posibles sobornos entregados por ciudadanos estadounidenses a exfuncionarios de la petrolera.
Javier Oliva, coordinador del seminario en estudios de Defensa, Seguridad e Inteligencia de la UNAM, advirtió que la falta de detenidos tras los decomisos recientes solo incrementa la percepción de que no existe una estrategia real para frenar el huachicol.
El hecho de que este delito haya escalado de forma tan dramática, explicó, solo puede entenderse a partir de la complicidad o de la omisión de autoridades y personal dentro de la propia empresa estatal.
Finalmente, datos de Pemex indican que las incautaciones de combustible realizadas entre enero y julio por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional representan apenas el 10 por ciento de las pérdidas totales que la empresa atribuye al robo de combustibles.
