El presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Mery Ayup, anunció que se llevará a cabo un exhaustivo análisis de la Ley Orgánica del Poder Judicial durante un periodo de 180 días. El objetivo es implementar reformas que fortalezcan el blindaje contra la intromisión de la delincuencia organizada en el proceso electoral de jueces y magistrados.
Mery Ayup enfatizó la importancia de evitar que individuos con antecedentes cuestionables accedan a estos cargos, ya que representan un riesgo para la integridad del sistema judicial. Se busca cumplir con el convenio “8 de 8” contra la violencia, que establece criterios claros para garantizar que sólo personas de probada solvencia moral ocupen posiciones en el Poder Judicial.
El presidente también advirtió que algunos jueces y magistrados podrían no estar de acuerdo con las nuevas directrices, lo que podría llevar a la presentación de renuncias o solicitudes de jubilación, generando un costo aproximado de 200 millones de pesos al Poder Judicial de Coahuila. Esta cifra supera el gasto previsto para el propio proceso electoral, que se anticipa complicado para la ciudadanía.
Además, se contempla armonizar la nueva Ley Federal en Coahuila, incorporando exámenes de aptitud para los aspirantes a jueces y otros miembros del Poder Judicial, como parte de un esfuerzo por elevar los estándares de selección y asegurar la calidad de quienes ocupen estos importantes cargos.
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