La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dejó en claro que cualquier señalamiento contra funcionarios públicos deberá sustentarse en pruebas firmes y legales, al referirse a las acusaciones que han surgido en torno al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Durante su posicionamiento, la mandataria subrayó que, en caso de que la Fiscalía General de la República encuentre evidencias “claras y contundentes”, el caso será llevado ante la justicia mexicana conforme a la ley. Sin embargo, enfatizó que México no permitirá ningún tipo de intervención externa en asuntos que competen exclusivamente a sus instituciones.
“No vamos a permitir la injerencia”, sostuvo Sheinbaum, al responder a las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien advirtió que su país investigará posibles vínculos entre funcionarios sinaloenses y el Cártel del Pacífico.
El señalamiento del diplomático estadounidense ha generado tensión en el ámbito político, al poner sobre la mesa el tema de la cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al crimen organizado, pero también los límites de la soberanía nacional.
En este contexto, el gobierno mexicano reiteró que las investigaciones deben conducirse bajo los cauces institucionales del país, respetando el debido proceso y la autonomía de las autoridades, sin presiones externas.
El caso se mantiene en desarrollo y podría escalar dependiendo de los resultados que arrojen las indagatorias oficiales en los próximos días.
