Por Fernando Urbano
Para el gobierno de López Obrador reservar información o presentar una verdad selectiva, ha sido prioridad para esconder sus fraudes y malos manejos de las finanzas públicas, por lo que el presidente decidió desde hace tiempo declarar sus megaproyectos como temas de “seguridad nacional”.
Los escándalos que no conocemos del oficialismo seguramente son tan graves que no han reparado en mostrar la urgencia por esconder detalles sobre el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, los contratos para la compra de vacunas, datos de muertes sobre COVID, Pemex, el avión presidencial y hasta del operativo contra Ovidio Guzmán.
El ejecutivo ha buscado declarar como “interés público y seguridad nacional” la realización de proyectos y obras a cargo de su gobierno, principalmente de infraestructura en sectores como comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos, y otros tantos más.
El blindaje que ha buscado en todas las formas posibles el oficialismo para todas las obras públicas de la 4T carece de fundamento legal, y tienen como principal objetivo, para el gobierno, no transparentar ninguno de los procesos de dichas obras, y busca evitar cualquier mecanismo administrativo o legal, como los amparos, que pudiera ejercer la sociedad civil.
En algunos casos estos intentos del presidente por ocultar información han sido llevados ante la Corte, y se han obtenido medidas preventivas señalando que dicha acción de catalogar las obras como asuntos de seguridad nacional vulnera el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad, como consecuencia. Pero esto no ha limitado las intenciones del gobierno por seguir ocultando, limitando y negando información que debe de ser pública.
A López, lo que más le urge esconder es el desmedido desvío de recursos y la corrupción de su gobierno, que además es aprobada por él. Y conocer la realidad de las obras de la 4T, expondría a López por falsear la verdad por puro interés político y para que su popularidad no decaiga en las encuestas.
La constante de la 4T no solo es en el gobierno, no debemos de olvidar que también en Morena ha optado por “reservar” información relacionada con sus procesos internos de 2022, para que nadie sepa qué delitos cometieron, y fue el mismo Comité de Transparencia de Morena, que, a petición de la Comisión Nacional de Elecciones, emitió un acuerdo para reservar la información hasta el 2025.
Las maniobras para esconder lo que es evidente, nos permite asegurar que las obras del oficialismo no son viables en términos económicos y mucho menos en términos políticos. Mientras tanto tendremos que esperar a que, en otra administración, sin importar quién sea presidente, se exponga la realidad de los proyectos faraónicos de este sexenio y llegue al fin el momento de evaluar quien deberá enfrentar a la justicia por obvios delitos penales y administrativos.
