Por Israel Reyes
Las manifestaciones públicas son un fenómeno social de gran importancia en la actualidad. Aunque no están reconocidas literalmente en la Constitución Política de nuestro país, se considera que forman parte del derecho a la libertad de expresión y del derecho de reunión. Estos derechos están reconocidos en la Constitución y garantizan la manifestación de ideas y la reunión pacífica para presentar peticiones o protestas. La manifestación pública puede ser una forma de expresar reclamos, protestas o incluso júbilo en un lugar al que todos pueden acceder. A través de las manifestaciones públicas, las personas pueden dar a conocer sus ideas, crear opinión pública y participar en la toma de decisiones en una sociedad democrática. Estas manifestaciones son un reflejo de la capacidad humana de interpretar y construir el mundo junto con otros, y son un indicador de una sociedad libre y sin ataduras.
La protesta es una forma magnífica de decirle al poder sus verdades. A lo largo de la historia, las protestas han sido la fuerza motriz de algunos de los movimientos sociales más poderosos. Han sacado a la luz injusticias y abusos, y han exigido rendición de cuentas. Sin embargo, el derecho a protestar pacíficamente está bajo amenaza hoy en día. Los gobiernos y otros poderosos actores encuentran formas de reprimir las protestas y silenciar las voces críticas.
Lamentablemente, estos preciados derechos están siendo atacados y deben protegerse de aquellos que temen el cambio y quieren mantenernos divididos. Los gobiernos y otros actores poderosos buscan constantemente nuevas formas de reprimir las protestas y silenciar las voces críticas. Por no conectar con las causas, con los ideales o simplemente por falta de empatía que ha generado el individualismo. La capacidad de protestar de forma segura es parcialmente coincidente con el derecho a no sufrir discriminación. Las personas que sufren desigualdad y discriminación basadas en la edad, “la raza”, la identidad de género y otros factores se enfrentan a mayores peligros para protestar. Es fundamental que todas las personas puedan protestar de forma segura y sin discriminación.
Una doctrina del derecho para la protesta social, si bien puede parecer atractiva al justificar la protesta desde el lenguaje de los derechos, también implica aceptar que esta puede ser regulada jurídicamente. Esto podría llevar a una protesta juridificada y modelada según el arbitrio de una autoridad política, lo cual neutralizaría su contenido reivindicativo. Además, se argumenta que el Derecho carece de las herramientas necesarias para regular una manifestación política que cuestione las formas jurídicas que condicionan el ejercicio de los derechos. La libertad de expresión, como derecho fundamental de naturaleza individualista, no logra procesar adecuadamente la dimensión colectiva y política de la protesta, ya que desborda los límites del discurso jurídico. Por tanto, utilizar las categorías conceptuales del paradigma jurídico para procesar la protesta social sería una forma de ocultar la tensión entre el derecho y la política, y de neutralizar su potencial de transformación social. ¿Protestamos como ciudadanos o callamos como súbditos?
Por cierto, mis felicitaciones a los alumnos del Tecnológico de Saltillo, son unos chingones.