Por Sergio Ramírez
En el transcurso de las décadas en las que el derecho mexicano se ha modificado nos hemos podido dar cuenta que se modifica dependiendo quien se encuentre en el poder y muchas veces se ha modificado con base en los intereses de ellos, en México los poderes fácticos como el capital o la iglesia han hecho que la ley se modifique dependiendo de las agendas e intereses creados para el beneficio de quienes tienen la oportunidad de cambiar la ley o bien, crear leyes nuevas.
La Iglesia ha tenido mucho que ver en esta circunstancia, por ejemplo, antes de la iniciativa de ley presentada el 17 de mayo de 2016 por el entonces presidente de México Enrique Peña Nieto en el marco del Día Nacional de la Lucha Contra la homofobia motivada por diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (TA XXI/2011 9ª época, Jurisprudencias 43/2015 y 85/2015 10ª época) los Códigos Civiles de los Estados de la república contemplaban el matrimonio como “la unión entre un hombre y una mujer con la intención de procrear” (palabras más, palabras menos) esta interpretación del matrimonio es justamente una de las muchas costumbres que heredó nuestro México de la iglesia católica; obviamente quienes se opusieron a dicha reforma y que se siguieran los criterios de la más alto tribunal del país fue la Iglesia católica y muchos de sus adeptos.
¿Ser esclavo de la ley para ser libre? o bien ¿resistir cuando una ley sea injusta? Creo que sí podemos hacer una equilibrio entre esas dos premisas y justamente el Poder Judicial es una institución que tiene no solo la facultad, sino la obligación hacia con los mexicanos de que esas dos premisas sean cumplidas ¿de qué manera sería eso? Preguntará usted, creo que haciendo lo que ha estado haciendo hasta el día de hoy: que mediante el marco constitucional y los tratados internacionales en Derechos humanos a los que se ha sometido el país sean cumplidos y así evitar o bien, inaplicando leyes y haciendo nulos actos de autoridad que constitucionalmente sean injustos o bien violadores de Derechos humanos.
Sea cual sea el tipo de gobierno que tengamos los mexicanos, si tenemos un Poder Judicial realmente autónomo, letrado y que ideológicamente no lo muevan sus convicciones sino las reglas preestablecidas, podemos salir adelante como país. Creo firmemente que es más difícil corromper a un juez que es esclavo del marco constitucional que a un diputado para que vote de tal o cual forma una reforma que perjudicará al pueblo y beneficiaría a unos pocos, si eso pasa, deberíamos tener un Poder Judicial que no solo invalidará dichas leyes, sino que con sus facultades, pueda hacer responsables y someter al debate público la continuación o no de tal o cual servidor público que aprobó una ley violatoria de derechos humanos o bien, cometió un acto de autoridad ilegal.
Como mexicanos debemos de darle más importancia a lo que pasa dentro del Poder Judicial que lo que pasa en el poder legislativo o ejecutivo, deberíamos de darle más facultades a los jueces para poder no solo invalidar actos de autoridad violadores de DDHH sino también como mencioné en líneas anteriores, poder someter al debate público al funcionario que haya sido omiso, ilegal o violador de Derechos Humanos en su actuar hacia con los gobernados.
