Por Fernando Urbano
En la forma más burda posible, carente de ética política y sin sentido común, López Obrador cumplió su anhelado sueño de someter a las instituciones mexicanas para iniciar con la destrucción de la democracia y poner fin a la división de poderes. Esta reforma materializa la más grave regresión vivida en la historia moderna de México, y nos pone a disposición del capricho y el discurso de un hombre que calla y somete.
Ninguna voz fue escuchada, porque ninguna es importante. El oficialismo pasó por encima de todos, de la oposición, de los trabajadores del Poder Judicial, de los académicos, de las universidades, de las barras de abogados, de las organizaciones internacionales de jueces, de la ONU, de las organizaciones empresariales, y de millones de ciudadanos.
El desaseo legislativo es escandaloso, pero lo es aún más las maniobras políticas con las que el oficialismo sometió y chantajeo a familiares y políticos con órdenes de aprehensión reales o infundadas, extorsiones de las fiscalías, y pagos millonarios para obligarlos a votar en favor de lo que desea el presidente.
El primer gran acto de servilismo fue crear una mayoría artificial, producto de un seguro soborno y compra de voluntades de magistrados que cumplieron lo que les indicó la secretaria de Gobernación, burlar la ley. Fue así que le regalaron a Morena y aliados una mayoría calificada que no le dieron los votantes.
Pero para cumplir las demandas del presidente, fue también necesario comprar dos legisladores, los perredistas José Sabino Herrera, de Tabasco, y Araceli Saucedo, de Michoacán, para alcanzar 85 escaños en el Senado de la República. Senadores, que obtuvieron muchos más votos de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional.
El día de la votación en el Senado, al padre del senador de Movimiento Ciudadano por Campeche lo sacaron de su casa en la madrugada para llevarlo a un juzgado, seguramente por indicaciones de la Gobernadora Layda Sansores. La Guardia Nacional mantuvo rodeada su casa, “por su seguridad”. Por lo que Daniel Barreda se ausentó de la sesión por “ir a atender un asunto personal de su papá”. Aunque esta versión fue dada a conocer por la tarde-noche de ese día. Su bancada en más de una ocasión señaló la extraña desaparición del senador, pero el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, afirmó que ni el senador Barreda ni su padre estaban retenidos. “Acabo de hablar con él, está aquí en la Ciudad de México”, evidentemente mintió.
El voto decisivo, el 86, y que le dio la mayoría al oficialismo, fue de un aliado inesperado, Miguel Ángel Yunes Márquez, uno de los principales detractores de López Obrador. Al senador veracruzano, lo sometieron y lo pusieron de rodillas con expedientes judiciales propios, de su hermano, y de su padre Miguel Ángel Yunes Linares, senador suplente.
La familia Yunes se convirtió en la llave que necesitaba AMLO para la reforma judicial, negociaron un voto a cambio de impunidad, con la promesa del oficialismo de frenar cualquier investigación. López, como es costumbre hoy los arropa con el poder de su manto protector que purifica y perdona cualquier delito.
