La mañana del lunes 30 de enero el despacho de abogados CAFI en compañía de uno de sus clientes se presentaron con un actuario de algún juzgado de los civil de la ciudad para señalar el embargo bienes del Instituto del Fondo Nacional de la vivienda Para los trabajadores, esto, debido a que el instituto desobedeció la orden judicial de reintegrar una cantidad de dinero a una derechohabiente además de otra cantidad de dinero correspondiente a los intereses causados a partir de que dicho instituto empezó a descontar erróneamente del salario de una derechohabiente sumas destinadas supuestamente al pago de un crédito que desde la década de los 2000’s había sido liquidado.
Lo que me parece inaudito y más respecto de un servidor público es las mentiras que mencionó en su declaración a la prensa ese mismo lunes, las cuales citaré y las responderé, porque el que esto escribe he tenido los documentos originales en mis manos, por lo que sé que dicho funcionario le mintió a la prensa y a la sociedad en general.
Dijo el funcionario “esta mañana se recibió un documento notificando una orden de reintegro” esta primera mentira en su declaración pone de manifiesto una de dos situaciones; que el equipo legal del delegado le mintió, o bien, que mintió dolosamente a quienes se dirigió en su mensaje (lo dudo), supongo que de lo que él habla es de un documento solicitando el cumplimiento voluntario de una sentencia interlocutoria en la que la autoridad judicial obliga al instituto a pagar una cantidad de dinero; dicha “solicitud” de cumplimiento voluntario fue notificada el diez de enero de 2023 y en la misma le otorgaron al instituto cinco días para cumplir dicho mandamiento judicial el cual no cumplió.
Siguió manifestando el funcionario que hay ocasiones en las que los intermediarios te cobrarán por el trámite ¡y tiene mucha razón! Sin embargo en el caso que nos ocupa el delegado no manifestó, o bien, se le olvidó manifestar que el instituto no solo tendrá que hacer la devolución del dinero cobrado indebidamente a quien los demandó, sino que también el instituto fue condenado a pagar el 1% de interés mensual de cada uno de los cobros indebidos que hizo el instituto, también se le olvidó mencionar que además de lo anterior fueron condenados a pagar los gastos y costas generados por la tramitación del juicio, que en virtud de la Ley que Establece el Arancel para el Cobro de Honorarios de los Abogados en el Estado de Coahuila de Zaragoza podría ser de un 20% hasta un 30% dependiendo del valor total del juicio que se lleve a cabo.
Como dije anteriormente, he tenido los documentos originales en la mano y sé que lo que sucedió ese lunes 30 de enero de 2023 fue un señalamiento de bienes para embargo, y no solo eso, sino que fueron señalados por el mismo instituto 5 multifuncionales y que la parte ejecutante embargó una cuenta de banco la cual hasta el día de hoy no se sabe si sí es o no del instituto.
Estimado lector, dudo que Gustavo Ernesto Díaz López haya mentido a la población dolosamente, seguramente quien le pasó la información lo hizo erróneamente, sin embargo, creo que debió de comprobar por sí mismo la información antes de manifestar cualquier cosa ante la opinión pública.
